San Luis Potosí, SLP.- El Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” fue durante años el último refugio para quienes no podían pagar una consulta privada, mucho menos una cirugía o un tratamiento de alta especialidad. Hoy, tras su incorporación al esquema federal IMSS-Bienestar, ese símbolo de atención para los más vulnerables parece haberse transformado en un espacio de abandono institucional, precariedad laboral y sufrimiento humano.
La sanidad en San Luis Potosí no atraviesa una crisis menor, enfrenta un colapso silencioso que se vive en quirófanos sin insumos, en farmacias vacías, en médicos que pagan de su bolsillo lo que la federación no provee y en pacientes que llegan con la esperanza de ser atendidos, pero salen endeudados, frustrados o, en el peor de los casos, sin atención oportuna.
El reciente paro de médicos y especialistas del Hospital Central no fue un acto de rebeldía, sino un grito de auxilio. Los profesionales de la salud denunciaron la falta de lo más básico para operar, guantes, jabón quirúrgico, material de curación e incluso instrumentos médicos. En un sistema que presume gratuidad y bienestar, los doctores han tenido que elegir entre suspender cirugías o costear con su propio dinero los insumos necesarios para no poner en riesgo la vida de los pacientes.
Aunque la administración hospitalaria insiste en que “todo está bajo control”, la realidad se impone con crudeza en los pasillos, salas de espera y áreas de urgencias, donde pacientes y familiares relatan una historia completamente distinta.
La transición al modelo IMSS-Bienestar también dejó al descubierto un problema estructural, la incertidumbre laboral. Trabajadores del hospital denuncian que, pese a acuerdos firmados desde diciembre, no se han cubierto prestaciones fundamentales como bonos, aguinaldos y apoyos económicos comprometidos.
Las minutas existen, las firmas están, pero el dinero no llega. El incumplimiento no solo afecta la economía de cientos de familias, sino que mina la confianza en las autoridades federales y en una dirigencia sindical que ha optado por justificar retrasos en lugar de exigir resultados.
Este deterioro laboral no es un tema aislado, impacta directamente en la calidad del servicio. Menos especialistas, más renuncias, áreas incompletas y una pérdida progresiva del nivel de atención que distinguía al Hospital Central como centro de alta especialidad.
El discurso federal promete atención gratuita, pero en la práctica los pacientes pagan el precio. Un sondeo realizado por Plano Informativo revela que al ingresar al hospital se les solicita comprar medicamentos básicos como paracetamol, ibuprofeno, soluciones, insumos nasales e incluso botellas de agua, porque ni eso se les proporciona ya.
Familias provenientes de otros municipios llegan confiadas en la reputación histórica del hospital, solo para encontrarse con listas de compras de última hora y la obligación de acudir a farmacias externas —particularmente una ubicada frente al hospital— donde los precios se asemejan a los del sector privado.
“Yo vine aquí porque no tenía dinero”, relata un familiar. “Pero terminé comprando medicamentos, comida y hasta agua. Sale casi igual que un particular”.
Otros testimonios son aún más alarmantes, pacientes sin suero, sin alimento, sin información clara sobre su estado de salud; familiares esperando a la intemperie, llorando, sin respuestas; diagnósticos comunicados con frialdad y sin tacto humano.
La pregunta es inevitable: ¿dónde está el bienestar cuando no hay medicamentos?, ¿dónde está la justicia social cuando los médicos pagan para trabajar?, ¿dónde está la humanización de la salud cuando los pacientes pasan horas sin comer ni recibir suero?
La Federación asumió el control del sistema de salud con la promesa de mejorar lo que antes estaba mal. Sin embargo, en San Luis Potosí, la evidencia apunta a lo contrario, un hospital debilitado, un personal desmotivado y una población desprotegida.
La salud pública no puede sostenerse en discursos ni en estadísticas optimistas. Se sostiene con presupuesto suficiente, planeación real, respeto al personal médico y, sobre todo, con medicamentos, insumos y trato digno.
Convertir a los hospitales en espacios donde la pobreza se castiga y la enfermedad se vuelve un lujo no es bienestar, es abandono institucional. Y cuando la federación falla en garantizar la salud, no solo incumple una promesa política, traiciona un derecho humano fundamental.
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