San Luis Potosí, SLP.- La reforma a la Ley Electoral del Estado no está cancelada, pero sí en suspenso. Tras el veto del titular del Poder Ejecutivo, la propuesta impulsada originalmente por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) regresó a comisiones legislativas para un nuevo ciclo de análisis, revisión y debate. Así lo confirmó el presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, quien planteó este escenario como una etapa necesaria dentro del propio cauce legal.
Desde la óptica del legislador, el veto no debe leerse como un acto de confrontación institucional, sino como una decisión orientada a preservar la estabilidad política de San Luis Potosí. Serrano Cortés subrayó que el gobernador ejerció un derecho que la ley le otorga y que cada actor involucrado —el Ejecutivo, el Congreso y los órganos electorales— ha actuado dentro de sus atribuciones, aun cuando las interpretaciones estén marcadas por alianzas y afinidades políticas.
El diputado destacó que la propuesta de reforma no nació en el ámbito partidista, sino en el trabajo técnico de consejeros especializados en materia electoral, y recordó que el Congreso cumplió con el procedimiento legislativo correspondiente. Además, precisó que la decisión del Ejecutivo se dio después de que el Tribunal Estatal Electoral desechara una impugnación ciudadana, resolución con la que dijo coincidir plenamente en sus fundamentos.
En el plano político, Serrano Cortés aprovechó para fijar postura sobre la fuerza electoral del Partido Verde Ecologista de México, al que representa. Afirmó que su crecimiento no es producto de coyunturas ni de reformas legales, sino de resultados comprobables en las urnas, particularmente en procesos recientes de alcance nacional. En ese contexto, defendió que las alianzas responden a estrategias y conveniencias propias de la competencia electoral, sin que ello implique necesariamente una valoración moral.
Finalmente, el legislador fue enfático al señalar que el Partido Verde no requiere ajustes legislativos para sostener su posicionamiento electoral en el estado. Mientras tanto, la reforma electoral permanece en una especie de pausa estratégica, donde el debate técnico y político volverá a cruzarse, ahora bajo la sombra del veto y con la estabilidad institucional como argumento central.
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