Vértice
Amigas y amigos de Plano Informativo, a más de una década de distancia del inicio de su declive, lo que ocurre en Venezuela dejó de ser una emergencia coyuntural para convertirse en un caso paradigmático de cómo la degradación institucional deviene en tragedia humana. Los venezolanos han sido testigos de un proceso que, lejos de consolidar un proyecto político legítimo y representativo, transitó hacia una estructura autoritaria que aniquiló libertades, depredó el tejido social y bloqueó los mecanismos elementales de participación ciudadana.
Esta crisis no se entiende sin reconocer que la democracia más que un sistema de gobierno, es un pacto de reconocimiento mutuo entre el pueblo y el poder. Cuando un régimen abandona ese pacto y se transforma en un instrumento de control social, la democracia deja de ser viable; se convierte en una ilusión retórica. Esto es precisamente lo que vivió Venezuela: una maquinaria política que usurpó el Estado de Derecho y, con él, los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
La comunidad internacional ha documentado que, bajo el mandato de Nicolás Maduro, Venezuela experimentó niveles alarmantes de violaciones a derechos humanos, persecución de opositores y manipulación de procesos electorales. Las elecciones presidenciales de 2024, en las que se proclamó un nuevo mandato sin rendición de cuentas ni transparencia, fueron ampliamente cuestionadas por observadores independientes y gobiernos democráticos en el mundo. Este escenario no solo deterioró la legitimidad del liderazgo venezolano, sino que profundizó la desconfianza interna y externa hacia sus instituciones.
Para entender cabalmente esta crisis, no basta con observar sus consecuencias. Es necesario recordar que los derechos humanos y la democracia son sistemas interdependientes: cuando uno se precariza, el otro se fractura. El jurista alemán JürgenHabermas lo expresó con claridad al afirmar que “la democracia no es simplemente un procedimiento, sino la garantía de que el conjunto de la sociedad pueda discutir y decidir sobre sus normas fundamentales sin coacción”. Esta definición resalta que el debate político no es un lujo, sino un derecho esencial que condiciona la dignidad humana y la justicia social. Sin este debate, no hay democracia genuina.
Si hoy miramos a Venezuela entendemos que su crisis no es un error geopolítico, ni solo una disputa de intereses económicos y estratégicos. Es, ante todo, una catástrofe institucional. El abuso de poder, la concentración de facultades en un solo centro de decisión, y la eliminación de controles y contrapesos crearon un régimen que no rinde cuentas ante nadie. La democracia, en este contexto, se desvaneció como un espejismo para millones de venezolanos que enfrentan pobreza extrema, represión política y ausencia de oportunidades.
La injusticia no solo se perpetuó dentro de Venezuela. La comunidad internacional enfrentó una bifurcación ética: callar frente a las violaciones sistemáticas equivalía a legitimar un padrón de opresión; denunciar y sancionar implicaba asumir riesgos de confrontación diplomática y debates complejos sobre soberanía y no intervención. La historia ha mostrado que los principios universales de derechos humanos no pueden supeditarse a cálculos diplomáticos o intereses económicos. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue diseñada precisamente para ser un norte moral incluso cuando los Estados fallan en respetarlos.
Para quienes defendemos la dignidad humana y la democracia, la exigencia no es ambigua: se debe demandar justicia para quienes han sido víctimas de atropellos, mecanismos que restauren las libertades fundamentales y procesos que permitan a los venezolanos recuperar la soberanía de su destino político. La liberación de presos políticos, la restauración de espacios de participación y la reconstrucción de instituciones plurales son condiciones mínimas para que Venezuela pueda aspirar a una transición verdadera.
Resulta indispensable recordar que la justicia internacional no es un concepto periférico, sino un componente esencial del orden democrático global. Como lo ha afirmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el respeto a la dignidad humana es la base y límite de la función del Estado”. Cuando un Estado deja de respetar esos límites, se abre un espacio para que la comunidad democrática internacional actúe, no como vigilante omnipotente, sino como garante de derechos fundamentales. Esta responsabilidad compartida no debería ser vista como una intromisión, sino como un compromiso con los valores que sustentan la convivencia civilizada.
Sudamérica no puede resignarse a ver en Venezuela un ejemplo del colapso democrático sin extraer lecciones. La solidaridad latinoamericana debe traducirse en apoyo sostenido a la democracia, en rechazo a los autoritarismos y en acompañamiento a los pueblos que buscan reconstruir sus sistemas políticos desde la justicia y la libertad.
Al final, la crisis venezolana no es solo un asunto bilateral o regional; es una advertencia global de lo que ocurre cuando las libertades se erosionan y el poder se desliga de la voluntad popular. Defender la democracia en Venezuela es defenderla aquí y en todas partes, porque su respaldo no puede ser selectivo ni circunstancial. La democracia exige compromiso permanente, incluso y sobre todo en tiempos de adversidad.
De corazón, gracias por su lectura.
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