San Luis Potosí, SLP.- En medio de la llamada cuesta de enero, la Iglesia católica en San Luis Potosí levantó la voz con una postura que va más allá de lo espiritual y se instala de lleno en la realidad económica que enfrentan miles de familias, estudiantes y trabajadores. Tanto el vocero de la Arquidiócesis potosina, Tomás Cruz Perales, como el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe coincidieron en un punto central, cualquier ajuste a precios esenciales debe hacerse con responsabilidad, diálogo y sensibilidad social, porque al final, siempre es el ciudadano común quien paga las consecuencias.
Desde la óptica pastoral, Cruz Perales fue contundente al señalar que los incrementos constantes en la canasta básica y en el transporte urbano terminan por golpear con mayor fuerza a quienes menos tienen. Reconoció que, aunque el salario mínimo tuvo un aumento, este resulta claramente insuficiente frente al encarecimiento generalizado de productos y servicios, especialmente en una temporada donde los gastos se acumulan tras las festividades decembrinas.
El vocero apuntó directamente a los intermediarios como uno de los principales factores que detonan los abusos en los precios de alimentos básicos, al considerar que son ellos quienes distorsionan los costos reales y cargan el impacto económico sobre las familias. Por ello, hizo un llamado a las autoridades para que asuman un papel más activo en la regulación y vigilancia del mercado, a fin de garantizar que lo indispensable esté al alcance de todos.
La preocupación se agudiza cuando el tema es el transporte público. Cruz Perales subrayó que el posible aumento de la tarifa no es un asunto menor, pues para muchas personas el camión no es una opción, sino una necesidad diaria. Hay trabajadores y estudiantes que deben abordar dos o incluso tres unidades para trasladarse de un extremo a otro de la ciudad, lo que convierte cada jornada laboral o escolar en un gasto significativo que erosiona el ingreso familiar.
En la misma línea, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe llamó a que el debate sobre el ajuste tarifario se conduzca con diálogo y equilibrio. Reconoció que los concesionarios del transporte enfrentan presiones reales, como el aumento en los costos de operación, mantenimiento y salarios, así como los efectos de la inflación. Sin embargo, advirtió que estas razones no pueden analizarse de forma aislada, sin considerar el impacto directo en la economía de los usuarios.
Cavazos Arizpe insistió en que cualquier incremento debe ser razonable y resultado de un consenso que tome en cuenta tanto a los empresarios como a la población, especialmente a quienes dependen del transporte público para llegar a su trabajo o centro de estudios. Para el líder religioso, el reto está en encontrar una medida justa que no termine dañando a nadie, ni profundizando la desigualdad.
El mensaje conjunto de la Iglesia deja una reflexión clara, las decisiones económicas no son solo números o ajustes técnicos, sino acciones que inciden directamente en la calidad de vida de las personas. En un contexto donde se plantea elevar la tarifa del transporte urbano a 15 pesos, pese a las quejas por deficiencias en el servicio y largos tiempos de espera, la advertencia es clara, cargar el peso del ajuste sobre los mismos de siempre puede profundizar el malestar social y afectar de manera directa a los sectores estudiantil y trabajador, que ya caminan al límite de su capacidad económica.
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