El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral endurecer la fiscalización de candidatos y partidos, facilitar el voto en el exterior, blindar las decisiones de los consejeros, mantener el financiamiento a institutos políticos y más sanciones por violencia política de género.
La propuesta del organismo, de la que Grupo REFORMA tiene copia, incluye el posponer la renovación del Poder Judicial (PJ) prevista en junio de 2027 para programarla en octubre de ese año y modificar las reglas de esa elección, ante el caos que fue el proceso del año pasado.
Algunos consejeros propusieron exigir a la Comisión Presidencial no eliminar a los plurinominales, garantizar espacios a las minorías y desaparecer la sobrerrepresentación.
Otros planteamientos que piden queden asentados en la nueva reforma electoral son el garantizar que el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) reciban el presupuesto necesario para organizar la celebración de comicios y la regulación de las acciones afirmativas.
El pasado viernes, 10 de 11 consejeros -Claudia Zavala no participó- votaron llevar 241 propuestas en las que hubo mayoría. Guadalupe Taddei y Jorge Montaño tampoco presentaron propuestas.
Las áreas jurídicas del Instituto redactarán una sola propuesta de aquellas que se repiten y este lunes tienen previsto entregar el documento. Ni la presidenta Guadalupe Taddei ni Jorge Montaño presentaron iniciativas.
Vigilancia de dinero
El documento contiene 38 propuestas en materia de fiscalización, en las que piden endurecer las sanciones y mecanismos de revisión para tener mayor control del origen y destino de los recursos públicos y privados que reciben los entes políticos.
Por unanimidad, demandarán que en la legislación se aclare que al INE no le es aplicable el secreto bancario, fiduciario y fiscal, pero también ministerial, por lo que "cualquier autoridad" deberá entregarle la información que solicite para resolver sus investigaciones.
Plantean que existan sanciones más severas para los proveedores que no respondan peticiones presentadas por el INE. Por ejemplo, además de la multa, que se les suspenda del Registro Nacional de Proveedores del Instituto.
"El Sistema Nacional de Fiscalización. Actualmente, el INE tiene importantes atribuciones en materia de fiscalización (por ejemplo, no está limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal), pero su capacidad para fiscalizar el dinero en efectivo o para obligar al cumplimiento de sus requerimientos a otras autoridades es aún limitada.
"Se considera necesario establecer una medida legislativa relacionada a elementos de control para plataformas digitales que involucre a las autoridades competentes del Estado mexicano. En consecuencia, se propone establecer, a las personas físicas o morales propietarias u operadoras de una plataforma digital, la obligación de establecer una oficina en territorio nacional, a efecto de que puedan recibir requerimientos y notificaciones de las autoridades electorales", afirma.
Sufragio
El Instituto también propondrá que en la Constitución se aclare que existirán tres mecanismos de votación para los mexicanos en el exterior: postal, por internet y presencial. Además de que las sedes físicas no sólo sean en Embajadas y Consulados.
Algunos consejeros propusieron tipificar como delito el registro masivo de personas para el voto por internet, así como la manipulación de documentos personales.
Otra propuesta unánime fue hacer obligatorio el voto desde prisión preventiva, tanto nacional como estatal. Esto debido a que la participación de penales está sujeta a la "buena disposición" de las autoridades gubernamentales.
Blindaje a consejeros
Ante el procedimiento administrativo contra consejeros y ex consejeros por su votación en la Revocación de Mandato, la mayoría avaló las propuestas de Dania Ravel y Rita Bell López para solicitar que en la Constitución se aclare que los integrantes del Consejo General no serán juzgados por el sentido de su voto, tanto por la Contraloría Interna como por algún Tribunal.
La responsabilidad administrativa de los consejeros se limitará exclusivamente a actos u omisiones relacionados con el uso, aplicación o destino de recursos públicos.
Proceso judicial
Por unanimidad, se pedirá modificar la Constitución para establecer que la elección del Poder Judicial no se realice de manera concurrente con otros procesos democráticos. Por ello, plantean la renovación de 850 juzgadores prevista para 2027 se cambie de junio a octubre.
También demandan modificar la legislación para hacer frente a errores que se presentaron en la pasada elección, como permitir a los candidatos al PJ recibir financiamiento privado y ampliar las opciones de propaganda.
Se plantea que los comités de evaluación de los poderes desaparezcan hasta que concluya el proceso; aclarar si el INE puede o no revisar requisitos de aspirantes y facultar al organismo para diseñar una boleta "sencilla".
Financiamiento
El INE está en contra de desaparecer el financiamiento a los partidos, al considerar que hacerlo deja en desventaja a los institutos políticos más pequeños, por lo que proponen cambiar la fórmula de asignación, eliminar las prerrogativas de franquicia telegráfica y no tocar el financiamiento ordinario.
"Determinar en la LGIPE que se debe otorgar, al menos, el 50 por ciento del financiamiento a las campañas de las mujeres conforme a los criterios emitidos por INE, así como, al menos, el 50 por ciento o más del tiempo en radio y televisión.
"Financiamiento público suficiente para partidos políticos y autoridades electorales. Es indispensable para la supervivencia de los partidos más pequeños y para organizar elecciones íntegras y accesible", indica.
Entre las propuestas que no pasaron porque la votación quedó cinco contra cinco -pues Zavala no votó- está exigir no eliminar a los diputados plurinominales y sí desaparecer la sobrerrepresentación.
Esa división se mantuvo en la regulación de actos anticipados de campaña. Cuatro consejeros propusieron sanciones más severas para quienes realicen proselitismo antes de los plazos y otros plantearon aclarar que estarán sujetos a fiscalización.
Tampoco hubo consenso en castigar y aclarar la injerencia de servidores públicos en los procesos electorales.
