El Instituto Nacional Electoral presentará una propuesta de reformas constitucionales y legales para frenar la injerencia del lavado de dinero en las campañas electorales y fortalecer las tareas de fiscalización a partidos políticos y particulares, tanto en territorio nacional como en plataformas digitales. De acuerdo con el documento base que entregará a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, uno de los ejes centrales es garantizar la trazabilidad de los recursos, verificando su origen, destino, aplicación y monto, así como regular el uso de activos virtuales y nuevas figuras del sistema financiero.
En el ámbito operativo, el INE reiterará su postura de que la elección judicial de 2027 se realice en una fecha distinta a los comicios ordinarios, además de impulsar boletas con menos requisitos y la creación de centros de votación para consultas populares y procesos de revocación de mandato. Otro punto clave es la defensa de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), cuya desaparición implicaría que el INE asuma la totalidad de elecciones estatales y municipales.
La agenda también incluye facilitar la participación de mexicanos en el extranjero, proteger la seguridad del padrón electoral y atender la violencia política contra las mujeres, incluida la digital, con propuestas como la creación de una defensoría especializada y la incorporación de la perspectiva de género en fiscalías electorales y procesos de registro de candidaturas.
En materia de fiscalización, se plantean mayores controles mediante tecnologías de la información, estrategias frente al uso de inteligencia artificial y coordinación con autoridades financieras para detectar triangulación y uso ilícito de recursos. La propuesta será entregada este lunes a la comisión encabezada por Pablo Gómez, con la participación de los 11 consejeros del INE, liderados por su presidenta Guadalupe Taddei.
