CEDH entre la exigencia social y la capacidad institucional

San Luis Potosí, SLP.- En un contexto donde la desconfianza ciudadana hacia las instituciones es constante, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH), encabezada por Giovana Argüelles, cerró 2025 con cifras que obligan a una lectura más profunda y menos visceral. Se trata de un organismo que suele ser blanco de críticas, muchas veces provenientes de personas que llegan cargadas de dolor, enojo o frustración tras haber pasado por instancias como la Fiscalía. Sin embargo, pocas veces se analiza el tamaño real de la tarea que enfrenta la Comisión y las limitaciones bajo las que opera.

Durante 2025, la CEDH registró 4 mil 221 atenciones en total, de las cuales 1,033 correspondieron a quejas formales, 624 canalizaciones, apenas 3 gestiones directas y 2,561 orientaciones jurídicas. Estas cifras reflejan no solo la alta demanda social, sino también el papel preventivo y de acompañamiento que desempeña la Comisión, muchas veces invisible frente a la expectativa ciudadana de soluciones inmediatas. El reclamo es comprensible, pero el proceso de defensa de derechos humanos no es instantáneo ni punitivo, es técnico, gradual y, en muchos casos, limitado por la falta de personal y recursos.

Las instituciones públicas con mayor número de quejas fueron la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y el organismo operador Interapas. El punto en común entre estas dependencias es claro, todas tienen trato directo y cotidiano con la población y prestan servicios esenciales. Esa cercanía con la ciudadanía incrementa tanto la posibilidad de conflictos como la percepción de abuso, omisión o maltrato, lo que explica su constante presencia en los registros de la Comisión.

En cuanto a los hechos violatorios, el principal fue acciones y omisiones que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes, con 87 casos, un dato que por sí solo debería encender alertas institucionales. Le siguieron la prestación indebida del servicio público (84), la detención arbitraria (83), acciones contrarias a la ley (70) y la dilación injustificada en la integración de carpetas de investigación (66). También destacan violaciones relacionadas con el acceso a la educación (63), amenazas o intimidación (61), faltas a la honradez y eficacia en la función pública (63), omisiones para prevenir el acoso escolar (59), lesiones (57) y la falta de garantía en servicios básicos como agua potable y drenaje (50).

La crítica hacia la CEDH es válida y necesaria, pero también debe ser objetiva. No se puede perder de vista que la Comisión no investiga delitos ni dicta sentencias; su función es acompañar, documentar, recomendar y visibilizar violaciones a derechos humanos. En ese marco, el reto de la administración de Giovana Argüelles ha sido sostener la atención estatal con poco personal, alta carga emocional de los casos y una ciudadanía que exige respuestas inmediatas ante daños profundos. Reconocer estas limitaciones no implica justificar errores, sino entender que fortalecer a la Comisión —en recursos, autonomía y confianza social— es una condición indispensable para que la defensa de los derechos humanos deje de ser solo un reclamo y se convierta en una realidad efectiva para las y los potosinos.