Desde hoy, todas las líneas telefónicas móviles en México, tanto nuevas como existentes, deberán estar vinculadas a una persona real, es decir, asociadas a un titular con CURP y una identificación oficial vigente, como credencial de elector o pasaporte. Esto aplica para líneas prepago, pospago y eSIM. El objetivo oficial del Gobierno es combatir delitos como extorsión, fraude y otros hechos delictivos que se cometen desde números telefónicos no identificados, eliminando el anonimato en las comunicaciones móviles.
Antecedentes
Todo comienza con.reformas legales en julio de 2025, cuando se aprobó una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para crear un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT); esta iniciativa se probó primero en fases piloto para vincular líneas con la CURP y ahora pasa a una obligatoriedad formal y generalizada. En paralelo, México ha avanzado hacia una versión biométrica de la CURP, con datos sensibles como fotografía y huellas, y ahora este documento se vuelve pieza clave para el nuevo registro.
¿Qué se tiene que hacer?
Los requisitos básicos para personas físicas son, presentar CURP vigente.
Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, licencia, etc.). Para personas morales, es decir empresas, se debe presentar RFC y documentación legal que acredite a la empresa. Los usuarios podrán registrarse mediante los centros de atención al cliente de su operador telefónico, además de las plataformas digitales o procedimientos remotos que habiliten las compañías telefónicas creadas para tal fin.
Plazos y consecuencias de no registrarse
El inicio de la obligación es este 9 de enero de 2026; la fecha límite estimada para completar el registro de líneas existentes es entre el 29 y 30 de junio de este años. Si un usuario no registra su línea telefónica dentro del plazo establecido la compañía telefónica puede suspender o bloquear el servicio, con lo cual no se podrá hacer ni recibir llamadas, mensajes o usar datos móviles. Después de la suspensión, la línea seguirá existiendo en el sistema, pero solo permitirá llamadas de emergencia y a servicios de atención ciudadana o del proveedor hasta que completes el registro. No se contemplan multas directas al usuario, pero la falta de registro implica la pérdida de funcionalidad de la línea. También se ha señalado que cada persona física puede registrar hasta 10 líneas a su nombre.
¿Qué pasa en San Luis Potosí?
No existen reglas específicas estatales distintas al marco nacional para este proceso, ya que la medida es obligatoria en todo México, incluyendo la entidad potosina, por lo que los usuarios y proveedores en el estado deberán seguir los mismos requisitos nacionales; por ello los operadores con presencia local ofrecerán atención para el registro en sus sucursales o en línea, ya que no habrá procesos distintos por estado, pero los centros de atención y horarios pueden variar según cada operador y localidad.
Pros y contras de esta medida
Las autoridades señalan que esta medida puede reducir el uso de teléfonos anónimos en actividades criminales, como extorsión, fraudes y amenazas; facilitar investigaciones cuando existen órdenes judiciales que lo requieran; y mejorar la trazabilidad de las comunicaciones, vinculando cada número con un titular real.
Aunque el objetivo de seguridad es claro, varios analistas y críticos han expresado preocupaciones legítimas, principalmente en la privacidad y protección de datos personales, ya que existe el riesgo de centralizar información sensible que, sin garantías técnicas y legales estrictas, podría ser vulnerable a usos indebidos o filtraciones; así como la efectividad real contra delitos, ya que expertos han señalado que muchos delitos ya se perpetran fuera del uso tradicional de líneas móviles locales (a través de apps de mensajería o VoIP), por lo que el impacto podría ser limitado en algunos ámbitos.
Cabe destacar que el registro obligatorio de líneas telefónicas con CURP en México es una medida que, aunque trae beneficios potenciales en materia de seguridad, también plantea retos de protección de datos, accesibilidad y efectividad real que la ciudadanía y expertos siguen debatiendo.
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