San Luis Potosí, SLP.- Una nueva disposición fiscal impuesta por el Ayuntamiento de San Luis Potosí ha encendido las alarmas en el comercio formal. Para este 2026, la renovación de las licencias de funcionamiento de los establecimientos comerciales estará condicionada a que el inmueble se encuentre al corriente en el pago del impuesto predial y otras cargas municipales.
Alberto Narváez Arochi, representante del Corredor Comercial y Cultural Carranza, calificó la medida como controversial y advirtió que representa una amenaza directa a la operatividad de los negocios, no solo en dicha avenida, sino también en el Centro Histórico.
El empresario explicó que la medida genera una encrucijada legal y económica:
El Arrendatario: Es quien generalmente cubre el costo de la licencia de funcionamiento para operar su negocio.
El Propietario: Es el responsable legal del pago del impuesto predial del inmueble.
Con esta normativa, un comerciante cumplido podría ver bloqueada su licencia de operación si el dueño del local tiene adeudos de predial, una situación ajena a la responsabilidad del negocio.
Crisis en el Corredor Carranza: Narváez Arochi lamentó que esta presión fiscal llegue en un momento crítico para la avenida Venustiano Carranza, la cual describió en un estado de "depresión comercial", con inversión estancada, baja afluencia de clientes y cierres constantes de locales.
Finalmente, el líder comercial criticó que las autoridades den prioridad a la recaudación por encima de la creación de un plan de estímulos que fomente el desarrollo. Comparó la situación con modelos internacionales, como en España, donde en momentos de crisis se han aplicado condonaciones fiscales para rescatar la inversión, señalando que en San Luis Potosí se está haciendo exactamente lo contrario.
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