San Luis Potosí, SLP.- Mientras organizaciones ciudadanas documentan un drenaje constante de recursos públicos por despidos mal ejecutados, la versión oficial desde el Ayuntamiento de San Luis Potosí traza una línea clara, no hay despidos injustificados en la actual administración, solo contratos que llegaron a su fin y juicios laborales que siguen su cauce legal.
Así lo sostuvo el síndico municipal, Víctor Hugo Salgado Delgadillo, quien aseguró no tener conocimiento directo de bajas irregulares dentro del gobierno capitalino. El funcionario precisó que la sindicatura a su cargo no administra los procesos laborales, ya que esa función corresponde a la otra sindicatura del ayuntamiento, aunque reconoció que existen litigios abiertos.
“Los juicios laborales son el pan de cada día y están dirimiéndose en los tribunales conforme a sus causas legales”, afirmó.
Desde su óptica, las separaciones laborales registradas hasta ahora obedecen exclusivamente al vencimiento de contratos temporales, y descartó la existencia de una política de despidos injustificados. “No se ha despedido a nadie injustificadamente. Han sido plazos de los contratos para los que fueron contratados”, reiteró.
No obstante, los señalamientos de la organización Ciudadanos Observando colocan el tema en una dimensión distinta. La agrupación ha advertido que, mes con mes, el ayuntamiento continúa pagando laudos laborales perdidos, muchos de ellos derivados de despidos declarados injustificados por tribunales laborales, con un impacto directo en las finanzas municipales.
De acuerdo con información oficial disponible en la Plataforma Estatal de Transparencia, tan solo en noviembre se erogaron alrededor de 1.7 millones de pesos para cubrir 24 laudos, varios de ellos iniciados entre 2014, 2021 y 2022. Entre los casos destacan ex trabajadoras que, tras años de litigio, obtuvieron resoluciones favorables y pagos en parcialidades, así como indemnizaciones completas.
Ciudadanos Observando advierte que este escenario no es aislado ni pertenece únicamente a administraciones pasadas. Por el contrario, anticipa que en 2026 se avecina una nueva oleada de resoluciones judiciales que podrían implicar no solo indemnizaciones elevadas, sino también reinstalaciones obligatorias, un costo doble que —señalan— sigue sin traducirse en responsabilidades administrativas para quienes tomaron las decisiones de despido.
Consultado sobre estos casos, el síndico fue cauteloso. Aseguró no contar con registros directos sobre las presuntas bajas de personal de base y subrayó que cualquier señalamiento deberá revisarse desde el ámbito jurídico. “Estaremos analizando estas bajas. La mayoría de la que yo tengo conocimiento son por términos del contrato. Si hay demandas, las acataremos conforme a derecho”, sostuvo.
Así, mientras la autoridad defiende la legalidad de sus decisiones laborales y remite los conflictos a los tribunales, los datos públicos exhiben una constante: los errores en la gestión del personal siguen traduciéndose en millones de pesos pagados con recursos del erario. Una paradoja que mantiene abierto el debate sobre si el problema es únicamente legal o profundamente administrativo.
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