La droga estaba oculta en 128 maletas, con 40 paquetes de un kilogramo cada una, distribuida en la cabina y la bodega de la aeronave
En 2006 autoridades mexicanas aseguraron 5.5 toneladas de cocaína que eran transportadas en un avión DC-9 procedente de Venezuela, que aterrizó en el Aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche.
La droga estaba oculta en 128 maletas, con 40 paquetes de un kilogramo cada una, distribuida en la cabina y la bodega de la aeronave.
El cargamento, valuado entonces en decenas de millones de dólares, se convirtió en uno de los mayores decomisos aéreos en la historia del País y en un parteaguas para las investigaciones sobre narcovuelos entre Sudamérica y México.
El aseguramiento reveló entonces un método logístico de alto nivel, el cual incluyó el uso de aeronaves comerciales reacondicionadas, tripulaciones reclutadas para vuelos específicos y rutas diseñadas para ingresar grandes volúmenes de cocaína en un sólo movimiento, reduciendo el número de operaciones y el riesgo de interdicción.
A partir de ese caso, las autoridades mexicanas y agencias internacionales comenzaron a documentar patrones repetidos de tráfico aéreo que conectaban aeropuertos venezolanos con pistas y terminales mexicanas.
En el documento judicial presentado en Nueva York, la Fiscalía describe este tipo de envíos como parte de operaciones de gran escala.
En el expediente se sostiene que los cargamentos eran garantizados desde origen y enviados mediante aeronaves utilizadas exclusivamente para el tráfico, bajo esquemas de protección institucional que permitían su salida sin interferencias.
El decomiso del DC-9 no fue un hecho aislado. En los años siguientes, México registró otros aseguramientos aéreos relevantes, incluidos cargamentos detectados en vuelos comerciales, jets ejecutivos y aeronaves privadas, con cocaína oculta en equipaje, compartimentos modificados y carga declarada falsamente.
El propio expediente judicial ubica a México como destino recurrente dentro de la ruta aérea del narcotráfico sudamericano.
Las investigaciones federales mexicanas documentaron que estos cargamentos no estaban destinados al consumo interno, sino a su redistribución terrestre y marítima rumbo a Estados Unidos, utilizando la infraestructura criminal ya establecida en el País.
Tras el golpe del DC-9, las organizaciones criminales diversificaron métodos, pero mantuvieron a México como nodo logístico.
A los narcovuelos se sumaron embarques marítimos como lanchas rápidas y barcos nodriza, y posteriores traslados terrestres en tráileres, maquinaria pesada y vehículos con compartimentos ocultos.
El documento judicial señala que las redes responsables de estos envíos operaban con volúmenes industriales, no con cargamentos menores.
En territorio mexicano, esos cargamentos fueron asegurados en costas del Pacífico y del Golfo, así como en carreteras federales, junto con millones de dólares en efectivo vinculados al pago de la droga y a esquemas de lavado.
