El año 2026 se perfila como un punto de inflexión para la vida institucional del país. No solo por la continuidad o corrección del rumbo político, sino porque será el primer gran año de prueba para una reforma judicial que ha polarizado al país como pocas en las últimas décadas. La pregunta central ya no es si la reforma era necesaria, sino qué se espera realmente de ella frente a los desafíos concretos que enfrentará el Estado mexicano en 2026, consideró Juan Francisco Aguilar Hernández, ex diputado local y socio Director de AVK Firma Legal.
Destacó que hablar de reforma judicial sin contexto es un error. La justicia no opera en el vacío. En 2026 convergerán presiones políticas, sociales, económicas y de seguridad que exigirán un Poder Judicial fuerte, técnico y legítimo. Y es ahí donde la reforma será evaluada, no en el discurso, sino en sus resultados.
Un Poder Judicial bajo escrutinio permanente
Aguilar Hernández mencionó que la reforma nace de una verdad incómoda: el Poder Judicial perdió legitimidad social. Para millones de personas, acudir a un tribunal sigue siendo sinónimo de desgaste, incertidumbre y desigualdad. En ese sentido, lo que se espera de la reforma en 2026 es un cambio tangible en la experiencia del ciudadano frente a la justicia, no solo en la estructura del sistema.
"Si la reforma no logra reducir tiempos, simplificar procesos y hacer comprensibles las resoluciones, habrá fracasado, aunque se haya modificado la Constitución. La gente no mide la justicia por el diseño institucional, sino por si su problema se resolvió o no", dijo
Independencia judicial en un entorno político tenso
Para el experto jurista, uno de los grandes retos de 2026 será preservar la independencia judicial en un contexto de alta polarización política. Con un Ejecutivo fuerte y un Legislativo alineado, el papel del Poder Judicial de la Federación será determinante como último contrapeso real.
"Lo que se espera de la reforma no es un Poder Judicial dócil ni opositor por sistema, sino uno capaz de resistir presiones, vengan del poder político, económico o mediático. En 2026 habrá decisiones sensibles: presupuestos, seguridad, derechos sociales, inversión privada y conflictos electorales locales. Si los jueces actúan con cálculo político o temor, la reforma habrá debilitado al Estado, no fortalecido la democracia", apuntó.
El reto de la seguridad y la justicia penal
Aguilar Hernández señaló que en 2026, el sistema de justicia penal seguirá siendo uno de los mayores focos de atención. Impunidad, carpetas mal integradas, prisiones preventivas abusivas y sentencias tardías seguirán marcando la agenda. Frente a ello, la expectativa es clara: jueces más preparados, más valientes y más responsables. "La reforma será puesta a prueba cuando los tribunales deban resolver casos de alto impacto sin ceder a la presión social ni a la narrativa oficial. La justicia no puede convertirse ni en espectáculo ni en instrumento de legitimación política".
En este sentido, consideró que la carrera judicial y profesionalización real, serán otro reto clave de 2026, y se deberá demostrar que la reforma sí rompió con prácticas históricas de nepotismo y simulación; lo que se espera es una carrera judicial auténtica, donde el ascenso se base en mérito, evaluación constante y resultados medibles.
"Si en 2026 los ciudadanos y los propios litigantes perciben que 'todo cambió para que todo siga igual', la reforma perderá credibilidad. El juez del futuro inmediato deberá ser técnico, ético y consciente de que su función es servir a la Constitución, no a un proyecto político ni a una élite judicial".
Justicia cercana, no populista
Además mencionó que un riesgo latente hacia 2026 es confundir cercanía con populismo judicial, la gente quiere jueces accesibles, no jueces que fallen para ganar simpatías. La expectativa social es razonable: sentencias claras, procesos justos y trato digno, no discursos ni protagonismo. "La reforma será exitosa si logra humanizar la justicia sin sacrificar su rigor. La toga no debe ser un escudo de soberbia, pero tampoco un disfraz electoral".
2026, el año de verdad
Ante este panorama, Aguilar Hernández indicó que en 2026, la reforma judicial dejará de ser promesa y se convertirá en realidad evaluable. Lo que se espera no es perfección, sino dirección correcta, un Poder Judicial más transparente, más eficiente y, sobre todo, más independiente. "Si la reforma fortalece la justicia, el país ganará estabilidad institucional. Si la debilita o la politiza, el costo será profundo y duradero. Porque cuando la justicia falla, no falla un poder más: falla el último. "La reforma judicial no se legitimará en el texto constitucional, sino en cada sentencia justa dictada cuando nadie está aplaudiendo. Ahí, y solo ahí, se jugará su verdadero futuro en 2026".
Rezago en el Poder Judicial
Por su parte, el Poder Judicial enfrenta rezago en juzgados, al respecto Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), explicó que, uno de los principales focos de atención es la saturación de los juzgados, una situación que ha incidido en la acumulación de expedientes. Para enfrentarla, no se prevé la contratación de personal externo, sino una reorganización interna a través de procesos de promoción cerrados, con el objetivo de cubrir vacantes cuya ausencia ha impactado directamente en la carga de trabajo.
Zarazúa Martínez admitió que el aumento presupuestal aprobado para el Poder Judicial en 2026, no resolverá por sí solo el rezago que enfrentan los juzgados y que además, la aplicación de esos recursos quedará fuera del control de la actual presidencia, al pasar a manos del nuevo órgano de administración derivado de la reforma judicial.
Cabe destacar que para el próximo ejercicio fiscal, el Poder Judicial contará con un presupuesto de 1 mil 371 millones 857 mil 396 pesos, lo que representa un incremento cercano a los 21.8 millones de pesos respecto al año en curso. Aunque el aumento fue valorado de manera positiva, la magistrada presidenta reconoció que se trata únicamente de un punto de partida frente a problemas estructurales que arrastra la institución.
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