Lamentablemente cerramos este 2025 en nuestro querido México con una sensación amarga: la de un país atrapado entre la corrupción que no se va, la violencia que no cede y una economía que apenas respira, aunque el gobierno lo niegue.
Uno de los casos de corrupción más impactantes fue el llamado huachicol fiscal, que es un buen ejemplo de cómo funciona este círculo vicioso. No se trata de un delito menor, estamos hablando de un esquema bien organizado para importar combustible sin pagar impuestos, sobre todo el IEPS, usando documentos falsos o declarando la gasolina como si fuera otro producto. Nada de eso habría sido posible sin la participación de autoridades del propio gobierno mexicano: aduanas que se hicieron de la vista gorda, funcionarios fiscales que facilitaron el fraude y fuerzas de seguridad que protegieron las operaciones. El resultado fue devastador. Miles de millones de pesos dejaron de entrar a las arcas públicas, dinero que debió ir a hospitales, escuelas y obras. Ganaron unos cuantos. Perdimos todos.
A esta realidad se sumó, en 2025, una serie de escándalos que golpearon directamente al discurso moral del partido en el poder, Morena. Viajes lujosos, gastos ostentosos y estilos de vida que contrastan con la narrativa de austeridad de la llamada Cuarta Transformación. En el centro de la polémica aparecieron figuras cercanas al poder, incluidos los hijos de López Obrador, así como aberrante Gerardo Fernández Noroña, Mario Delgado y Ricardo Monreal. Más allá de los nombres, el mensaje que recibió la ciudadanía fue claro: el discurso anticorrupción y de la austeridad republicana es puro rollo.
La violencia política terminó de completar el cuadro. El asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, el 1° de noviembre, durante el Festival de Velas por Día de Muertos, sacudió al país. La indignación se tradujo en marchas masivas, más de 60 mil personas en las calles, y en un despliegue federal anunciado como el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”. Pero el dato que hiela la sangre es otro: fue el sexto o séptimo alcalde asesinado en el año. Michoacán volvió a mostrar cómo la narcopolítica, la extorsión y el control territorial del crimen organizado siguen cobrando vidas, incluso de autoridades electas.
En este clima, ejercer el periodismo se volvió todavía más peligroso. México registró nueve periodistas asesinados en 2025, el año más letal de los últimos tres, según Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19. A esto se sumó un aumento alarmante del acoso judicial: 51 casos solo en el primer semestre, un incremento de más de 140% frente a 2024. Demandas por supuesta “violencia política de género” o acusaciones tan graves como “terrorismo”, como ocurrió con el periodista Rafael León en Veracruz, se usaron para intimidar.
Y mientras todo esto ocurre, la economía estancada. México cerró el año con un crecimiento prácticamente nulo. Las estimaciones finales hablan de una expansión de apenas 0.3% a 0.4%, de acuerdo con el Banco de México, analistas privados y organismos internacionales. El PIB avanzó solo 0.4% en los primeros nueve meses y el tercer trimestre registró una contracción anual de -0.2%, según datos definitivos del INEGI. Es uno de los peores desempeños económicos en décadas, si se deja fuera el golpe excepcional de la pandemia.
Corrupción que daña los recursos públicos, violencia que mata y silencia, y una economía estancada. Ese es el balance. No es un problema de percepción ni de exageración mediática. Es la mera realidad y la suma de hechos concretos que muestran que los grandes pendientes del país siguen sin resolverse. Y mientras no se enfrenten de fondo, con instituciones limpias y rendición de cuentas real, el costo seguirá pagándolo la misma parte de siempre: la ciudadanía.
