San Luis Potosí, SLP.- El uso de caballos, burros u otros animales para arrastrar carretas de basura, fierro o desechos domésticos dejó de ser una práctica tolerada y se convirtió en una falta con consecuencias económicas serias en San Luis Potosí. A partir de una reciente reforma legal, esta forma de explotación animal será castigada con multas que pueden alcanzar los 120 días de UMA, marcando un giro en la política estatal de protección animal.
El Congreso del Estado avaló el día 29 de diciembre modificaciones a la Ley de Protección a los Animales, específicamente al artículo 36, para reconocer este tipo de trabajo como una modalidad de maltrato. Las sanciones económicas pueden ir desde montos mínimos hasta más de 13 mil pesos, dependiendo de la gravedad del caso y de si existe reincidencia.
Aunque en algunos municipios, como Soledad de Graciano Sánchez, ya existían restricciones similares, la diferencia clave es que ahora la prohibición tendrá alcance estatal. Con ello, la medida aplicará de manera uniforme en los 59 municipios, eliminando vacíos legales que antes permitían que la práctica continuara en ciertas regiones.
La reforma no solo se limita al uso de animales de tracción. También prohíbe aplicar sustancias, objetos o cualquier elemento que cause daño en la piel de los animales, incluso si se hace con fines estéticos. La única excepción permitida son los tatuajes con fines de identificación o registro oficial.
El cambio ha generado reacciones encontradas. Por un lado, sectores ciudadanos y defensores de los animales celebran que se avance hacia la erradicación de prácticas que consideran inhumanas. Por otro, hay preocupación entre familias que históricamente han dependido de esta actividad para obtener ingresos, lo que abre el debate sobre la necesidad de alternativas económicas y apoyos sociales.
Este endurecimiento legal ocurre en un contexto de mayor participación ciudadana frente al maltrato animal. La Fiscalía General del Estado ha confirmado un aumento en las denuncias, así como avances en la judicialización de estos casos. La fiscal María Manuela García Cázares explicó que este fenómeno responde, en gran medida, a que la población conoce mejor los mecanismos de denuncia y sabe que existe una fiscalía que da seguimiento puntual a estos hechos.
Golpes, abandono, falta de alimentación y encierros prolongados son algunas de las conductas más denunciadas, varias de las cuales ya han derivado en carpetas de investigación, procesos penales y acuerdos reparatorios. Incluso, casos de especial gravedad, como la muerte violenta de dos perros en hechos recientes, terminaron con la detención y vinculación a proceso de los presuntos responsables.
La fiscal recordó que las sanciones por maltrato animal pueden alcanzar hasta tres años de prisión y subrayó que cualquier ajuste adicional al marco punitivo deberá pasar nuevamente por el análisis y aprobación del Congreso del Estado. El mensaje es claro, en San Luis Potosí, el maltrato animal comienza a dejar de ser una práctica normalizada para convertirse en una conducta con consecuencias reales.
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