San Luis Potosí, SLP.- Mientras el debate público sigue encendido en redes sociales, el Congreso del Estado de San Luis Potosí ha puesto sobre la mesa una reforma constitucional que busca ir más allá de la simple prohibición, blindar el derecho a la salud y cerrar la puerta, desde la Carta Magna local, al uso, comercialización y distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos.
La iniciativa, impulsada por la diputada Diana Ruelas, no surge en el vacío. Se trata de un intento por alinear la Constitución estatal con el marco federal vigente, que desde hace años ha advertido sobre los riesgos de estos dispositivos y los mantiene fuera de la autorización sanitaria en México. Daños respiratorios, afectaciones cardiovasculares y una creciente popularidad entre adolescentes han sido algunos de los principales focos de alerta para las autoridades.
Sin embargo, la propuesta no ha pasado desapercibida ni ha sido recibida de manera uniforme. En el espacio digital, las posturas se dividen con claridad. Para algunos ciudadanos, la prohibición absoluta puede tener un efecto contraproducente. “Prohibir algo así solo beneficia al mercado ilegal”, expresó un usuario, quien considera que regular y controlar podría ser más efectivo que vetar. En contraste, otros ven la reforma como una medida necesaria, aunque condicionada a su cumplimiento real, “Qué bueno, solo falta que ahora sí lo hagan efectivo”.
El trasfondo del debate no es menor. Desde 2021, el gobierno federal emitió una alerta sanitaria por el uso de vapeadores; un año después, en 2022, se decretó su prohibición a nivel nacional. En 2024, el tema escaló al máximo nivel legislativo con modificaciones a la Constitución Federal, respaldadas por la mayoría de los congresos estatales. Ahora, San Luis Potosí busca cerrar el círculo desde su ámbito local.
Aunque todavía no hay una fecha definida para que la iniciativa sea votada, legisladores coinciden en que la reforma apunta especialmente a un sector vulnerable, niñas, niños y jóvenes, quienes se han convertido en uno de los principales blancos de estos productos.
Así, el Congreso potosino enfrenta un dilema que va más allá del papel, cómo traducir una prohibición constitucional en una política efectiva que realmente proteja la salud, sin alimentar prácticas clandestinas. La discusión apenas comienza, pero ya revela una tensión clara entre la intención legal y la realidad social.
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