San Luis Potosí, SLP.- Al cierre de 2025, el Congreso del Estado de San Luis Potosí dejó más preguntas que respuestas. Así lo plantea el balance anual presentado por la organización civil Ciudadanos Observando, que documenta un año legislativo marcado por la alineación política, el manejo discrecional de recursos y retrocesos en materia de transparencia.
El análisis no se limita a contar iniciativas aprobadas, sino que pone bajo la lupa la relación del Poder Legislativo con el Ejecutivo, el uso del presupuesto público y las prácticas administrativas que, lejos de fortalecer la rendición de cuentas, profundizaron la opacidad.
Uno de los puntos centrales del informe es la dinámica legislativa de aprobación casi automática de iniciativas impulsadas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, especialmente en la recta final del periodo. Entre ellas, destaca la llamada “Ley Gobernadora”, que avanzó sin cambios de fondo, pese a su impacto político y jurídico.
Para la organización, este comportamiento evidenció un Congreso que renunció al debate profundo y priorizó el acompañamiento al Ejecutivo. En ese contexto, Ciudadanos Observando subraya que el grupo parlamentario de Morena, pese a posturas públicas de último momento, mantuvo una actuación alineada con el Partido Verde Ecologista de México, consolidando una mayoría que cerró filas en las decisiones clave.
El apartado presupuestal es uno de los más contundentes del reporte. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) mantuvo los apoyos extraordinarios a diputadas y diputados, aun cuando se había anunciado que dichos recursos serían integrados al salario. El informe detalla que, además de recibir 7 mil 500 pesos mensuales en vales de gasolina incluidos en su sueldo, las y los legisladores perciben más de 180 mil pesos adicionales por ese mismo concepto.
A ello se suma un gasto de 4.3 millones de pesos para el pago de 198 personas, en su mayoría bajo el esquema de honorarios, una modalidad que, según la organización, abre la puerta a contrataciones discrecionales y sin claridad en funciones.
El año legislativo también estuvo acompañado de episodios que captaron la atención pública y que, aunque aparentemente anecdóticos, reflejaron la cercanía entre el poder político y la falta de sobriedad institucional. Uno de ellos fue el caso de la diputada priista Sara Rocha Medina, presidenta de la Mesa Directiva, quien publicó en redes sociales que había ganado una camioneta en una rifa durante una posada con el gobernador, para después aclarar que se trató de una broma por el Día de los Inocentes.
Otro hecho señalado fue la colocación del nombre de la diputada del PT, Leticia Vázquez Hernández, en una calle del municipio de Cerritos, un acto que, de acuerdo con el informe, generó cuestionamientos sobre el uso político de espacios públicos.
En el terreno legislativo, Ciudadanos Observando también advierte sobre la aprobación de la reforma al Código Penal en materia de inteligencia artificial, que busca sancionar conductas que “perturben la paz social”. Esta modificación derivó en una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al considerar que el texto podría vulnerar derechos fundamentales.
El balance cierra con uno de los señalamientos más delicados, la opacidad. Desde septiembre, el Congreso dejó de publicar información relacionada con gastos y sueldos del personal, una omisión que, según la organización, no ha sido atendida por la CEGAIP, el órgano garante del acceso a la información en el estado.
Así, el cierre de 2025 deja la imagen de un Congreso disciplinado políticamente, generoso consigo mismo y cada vez menos transparente, un escenario que, advierte Ciudadanos Observando, debilita la función de contrapeso legislativo y aleja a la ciudadanía de la vida parlamentaria.
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