San Luis Potosí, SLP.- La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de San Luis Potosí inició esta semana una nueva etapa. Con la salida de su titular, Luis Fernando González Macías, arrancó formalmente el proceso de Entrega-Recepción de recursos humanos, materiales y expedientes, un procedimiento que marca el cierre de un ciclo particularmente intenso para el órgano electoral.
Desde temprana hora, en las oficinas ubicadas en la calle Independencia, en pleno Centro Histórico, se desarrolló el trámite administrativo mediante el cual el Primer Visitador de la Fiscalía General del Estado recibe la información y documentación que deja González Macías, quien a partir del 4 de enero asumirá funciones como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
En entrevista previa, el ahora exfiscal electoral se dijo satisfecho con el trabajo realizado durante los dos años que encabezó la dependencia, periodo que incluyó el proceso electoral ordinario de 2024 y el proceso extraordinario para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial. Afirmó que esta experiencia será clave en su nueva responsabilidad, donde deberá analizar y resolver posibles sanciones administrativas.
Como parte del balance, detalló que dejará abiertas 14 carpetas de investigación que aún cuentan con líneas activas y posibilidades de judicialización. Recordó que al asumir el cargo, en diciembre de 2023, recibió 153 carpetas y que, durante su gestión, se resolvieron en total 260 investigaciones.
González Macías subrayó que se logró judicializar dos carpetas contra particulares detenidos en 2024 en posesión de credenciales de elector, ambos casos por el delito de libre desarrollo de la función electoral. Uno de ellos ya fue concluido mediante acuerdo, mientras que el segundo —relacionado con un incidente en el fraccionamiento Villa Magna— se encuentra en espera de audiencia para concretar un procedimiento abreviado con acuerdo reparatorio.
Finalmente, precisó que todas las investigaciones atendidas durante su gestión involucran a operadores electorales y no a funcionarios públicos. Entre los delitos más recurrentes detectados mencionó la compra de votos, el traslado de personas a las casillas y las amenazas, prácticas que, aseguró, siguen siendo los principales focos de atención para la autoridad electoral en la entidad.
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