San Luis Potosí, SLP.- A casi tres meses del estallido de la huelga en el Nacional Monte de Piedad, el conflicto laboral podría comenzar a destrabarse durante las primeras semanas de enero, aunque los trabajadores advierten que la administración de la institución ha optado por prolongar el problema como una estrategia de desgaste económico y humano para obligarlos a desistir.
El secretario general de la Sección 3 del Sindicato Nacional de Empleados de Monte de Piedad en San Luis Potosí, Jorge Villanueva Contreras, informó que será el próximo 6 de enero cuando se reanuden formalmente las pláticas de conciliación entre ambas partes en los juzgados federales, luego de que las negociaciones permanecieran suspendidas durante semanas sin avances concretos.
“Todas las pláticas quedaron detenidas. El 6 de enero se retoman las negociaciones buscando un ganar-ganar. Hay algunos avances, pero no hay nada firmado ni concreto”, explicó el dirigente sindical.
La huelga, que inició el 1 de octubre, cumple este día 90 días, afectando en San Luis Potosí a 29 trabajadores de cuatro sucursales, mientras que a nivel nacional la cifra asciende a más de mil 600 empleados que permanecen sin salario ni prestaciones.
Los trabajadores denuncian que durante estos tres meses no han recibido salarios, aguinaldo ni ninguna prestación de ley, lo que ha provocado un severo deterioro económico, físico y emocional, particularmente en una de las épocas más difíciles del año.
Además, señalan que deben permanecer a las afueras de las instalaciones para mantener el movimiento de huelga, lo que los expone a condiciones de inseguridad, incrementando el desgaste personal y familiar.
“No hemos recibido absolutamente nada. Ni sueldo, ni aguinaldo, ni prestaciones. Es un desgaste físico, emocional y económico muy fuerte”, subrayó Villanueva.
El líder sindical acusó directamente a la administración del Nacional Monte de Piedad de buscar extender el conflicto deliberadamente para quebrar la resistencia de los trabajadores.
“Ellos han dicho textualmente que van a extender lo más posible este conflicto hasta que desistamos o nos muramos de hambre. Nosotros estamos legalmente en huelga y las autoridades federales lo saben, todo depende de la voluntad de los administradores”, afirmó.
Advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo el 6 de enero, la huelga podría prolongarse indefinidamente, aunque reiteró que el sindicato mantiene disposición total para dialogar.
Villanueva señaló que la reapertura del Monte de Piedad en enero dependerá de que la institución respete el contrato colectivo de trabajo, particularmente en lo relacionado con la promoción de vacantes, la cual —asegura— se ha realizado de manera unilateral y fuera de lo pactado.
La huelga se originó, explicó, por una serie de violaciones acumuladas durante los últimos cinco años, entre ellas cierres indebidos de sucursales, despidos injustificados y la falta de capacitación necesaria para los ascensos laborales.
“Lo único que pedimos es que se cumpla el contrato colectivo de trabajo. Las promociones deben hacerse conforme a lo pactado y con capacitación, no de manera unilateral”, sostuvo.
Otra de las inconformidades centrales es el incumplimiento de un convenio firmado en febrero de 2024, en el que se establecía reducir la plantilla laboral a mil 950 trabajadores, priorizando primero las jubilaciones y posteriormente los despidos voluntarios.
Sin embargo, los trabajadores denuncian que la administración hizo lo contrario, iniciando con despidos y condicionando las jubilaciones, además de retener por más de un año una pensión adicional que debía entregarse a los jubilados.
“La administración está actuando de manera autócrata, violentando tanto el contrato colectivo como el convenio firmado”, acusó Villanueva.
El impacto económico de la huelga también ha sido significativo para el propio Nacional Monte de Piedad. De acuerdo con datos del sindicato, la institución recauda entre mil y mil 500 millones de pesos mensuales en operaciones regulares.
Esto significa que, en los tres meses de paro, el Monte de Piedad ha dejado de percibir entre 3 mil y 4 mil 500 millones de pesos, una afectación financiera considerable que podría agravarse si el conflicto no se resuelve en enero.
Mientras tanto, los trabajadores mantienen su postura firme, no levantarán la huelga hasta que se respeten sus derechos laborales y se garantice el cumplimiento de los acuerdos firmados.
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