San Luis Potosí, SLP.- San Luis Potosí acaba de dar un paso que reconfigura el mapa político del estado. La llamada Ley Gobernadora quedó oficialmente incorporada a la Constitución local, luego de que la mayoría de los ayuntamientos respaldaran la reforma que obliga a que la próxima persona titular del Poder Ejecutivo estatal sea una mujer.
Durante la más reciente sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado se confirmó que 34 cabildos municipales avalaron la minuta, cifra suficiente para validar los cambios constitucionales. Con ello, la reforma dejó de ser una propuesta para convertirse en una regla clara y obligatoria rumbo al proceso electoral de 2027.
El ajuste no es menor. La modificación constitucional redefine apartados clave relacionados con la gubernatura y el ejercicio del Poder Ejecutivo, estableciendo como principio la alternancia de género. En términos prácticos, esto significa que tras un periodo encabezado por hombres, los partidos políticos y las candidaturas independientes estarán obligados a postular únicamente a mujeres para la gubernatura.
La reforma fue impulsada desde el ámbito electoral por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) y busca no solo garantizar la paridad sustantiva, sino también fortalecer la vida democrática del estado. En ese mismo sentido, el nuevo marco legal incorpora cambios al calendario electoral, como el adelanto del inicio formal del proceso, además de ajustes orientados a mejorar la organización de las elecciones.
Entre los puntos destacados también se encuentran medidas para profesionalizar los órganos distritales, así como la actualización de los mecanismos de resultados electorales, con el objetivo de brindar mayor certeza, eficiencia y transparencia a cada etapa de la contienda.
Con esta decisión, San Luis Potosí se coloca en el centro del debate nacional sobre la paridad en los cargos ejecutivos. Más allá de los partidos y las coyunturas, la reforma marca un precedente la próxima gubernatura no solo será una elección, sino un momento histórico que redefine quiénes pueden y deben ocupar los espacios de mayor poder político en el estado.
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