El antecedente de este asunto se remonta al 19 de noviembre de 2024, cuando una juez del Reclusorio Oriente condenó a Pech a apenas 8 meses con 29 días de cárcel, y determinó sustituir esa pena de prisión
Un tribunal federal echó abajo el acuerdo que hizo la FGR con José Luis Pech Galera, hijo de José Luis Pech Várguez, ex candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, para garantizarle una pena mínima y no pisar la cárcel por un caso de la Estafa Maestra de 20 millones de pesos.
El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal anuló el acuerdo reparatorio negociado entre Pech y la Fiscalía, porque fue suscrito a pesar de la oposición de la Auditoría Superior de la Federación y sin que existiera la garantía de que el procesado reparara el daño.
En su fallo, el colegiado ordena reanudar el procedimiento penal contra el ex rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQR), llevarlo a una audiencia intermedia para que sea acusado y eventualmente sometido a juicio.
El antecedente de este asunto se remonta al 19 de noviembre de 2024, cuando una juez del Reclusorio Oriente condenó a Pech a apenas 8 meses con 29 días de cárcel, y determinó sustituir esa pena de prisión, a cambio de que reparara el daño por los 20 millones de pesos desviados.
La sentencia fue dictada como parte de un procedimiento abreviado de Pech con la FGR y que consistió, conforme a la norma procesal, en que el imputado se declaró culpable, a cambio de que los fiscales solicitaran a la juez imponerle la pena mínima y un descuento adicional al castigo.
El acuerdo y la sentencia evitaban que Pech llegara a juicio e incluso a la cárcel.
Sin embargo, la ASF apeló el fallo ante el tribunal de alzada porque la juez no quiso establecer el monto de la reparación del daño, pese a que la imputación fue establecía que el monto del delito era de 20 millones de pesos. La juzgadora dijo en aquella ocasión que la cantidad debía fijarla un juez de Ejecución.
El tribunal le acaba de dar la razón a la ASF y tumbó el acuerdo de Pech con la Fiscalía, por lo que ahora Pech regresará a su calidad de procesado y, de no haber un fallo judicial en contrario, podría ser llevado a juicio, donde se expondría a una pena mayor.
De acuerdo con el colegiado, al momento de dictarle la pena en noviembre del año pasado, la juez no se aseguró de que Pech garantizara los 20 millones de pesos a través de una fianza, hipoteca o prenda, razón por la que no era procedente la terminación anticipada del proceso.
En abril de 2022 Pech fue vinculado a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
La imputación derivaba de la firma de un convenio general del 29 de septiembre de 2015, entre la Sedatu y la UPQR, para que ésta elaborara un diagnóstico para integrar un sistema de información consolidado en la Sedatu y sus órganos desconcentrados.
Su propósito era "contribuir al aprovechamiento del potencial productivo del territorio, la generación de vivienda digna y desarrollo agrario".
Dicho acuerdo dio lugar a un convenio específico firmado el 5 de octubre del mismo año, por el que la dependencia federal transfirió 20 millones 100 mil pesos a la universidad.
De acuerdo con la FGR, del total de esa suma, la UPQR usó 6.8 millones de pesos para subcontratar a la empresa Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, en la que Pech Galera era apoderado legal y único facultado para manejar el dinero de la cuenta bancaria.
Y con esos recursos, la compañía representada por el entonces Rector adquirió 3 camionetas Mazda CX3 y una camioneta Mazda CX9, por un total de 1 millón 559 mil 800 pesos. Con el resto, hizo transferencias a distintas empresas.
