San Luis Potosí, SLP.- Aunque en el papel las campañas políticas en México operan bajo reglas claras de financiamiento y límites de gasto, en la práctica el rebase de esos topes se ha convertido en una constante sin consecuencias reales. Así lo advirtió el diputado local del PAN, Rubén Guajardo Barrera, al poner sobre la mesa una de las fallas más persistentes del sistema electoral, la ausencia de sanciones efectivas frente al uso excesivo —y muchas veces opaco— de recursos en las contiendas.
El legislador recordó que los partidos cuentan con financiamiento público aprobado con el propósito de garantizar equidad entre candidaturas. Sin embargo, subrayó que durante las campañas circula dinero que no proviene ni de los institutos políticos ni de los propios aspirantes, recursos que se inyectan a las campañas sin control y sin castigo, incluso cuando se rebasan los límites fijados por la autoridad electoral.
Guajardo Barrera fue enfático al señalar que ningún proceso electoral ha sido anulado por exceder los topes de gasto, una realidad que, dijo, deja en evidencia la debilidad de los mecanismos de fiscalización y supervisión. Para el diputado, esta permisividad ha normalizado prácticas que distorsionan la competencia democrática y minan la confianza ciudadana.
El tema, afirmó, no puede seguir postergándose y deberá ocupar un lugar central en la próxima reforma electoral federal, donde se revisarán tanto las reglas de financiamiento como la eficacia de los órganos encargados de vigilar el uso del dinero en campañas.
Como antecedente, recordó que en el proceso electoral de 2021 en San Luis Potosí, el Ceepac estableció topes claros, más de 29 millones de pesos para la gubernatura; 2.3 millones de pesos para cada candidatura a diputación local, y hasta 11.6 millones de pesos para la renovación de ayuntamientos. A ello se suma que, conforme al Diario Oficial de la Federación, las candidaturas independientes también acceden a financiamiento público, al ser consideradas partidos de nuevo registro para efectos de campaña.
Pese a estas cifras y reglas, el diputado panista advirtió que mientras el rebase de topes siga ocurriendo sin consecuencias legales, la equidad electoral seguirá siendo más un discurso que una realidad.
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