Aunque Gas Bienestar opera con recursos públicos, utiliza infraestructura federal y fue presentado como un programa social para "democratizar" el precio del gas LP, Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene en la opacidad la información sobre su desempeño.
En una respuesta de transparencia, la empresa se negó a revelar cuánto dinero público se ha invertido en la filial, su presupuesto anual, número de empleados o si registra pérdidas o ganancias.
La petrolera argumentó que difundir esos datos expondría "información patrimonial, financiera, comercial y fiscal" que podría afectar sus ventajas competitivas, pese a tratarse de una empresa financiada con recursos del Estado y la cual opera en un mercado regulado.
Afirmó que Gas Bienestar es una filial de derecho privado y, por ello, no está sujeta a la Ley General de Transparencia, aunque es supervisada por el Gobierno federal.
Pemex reconoció que la información solicitada debería estar documentada conforme a la normatividad que rige a Pemex, pero aun así decidió reservarla sin explicar por qué un programa social insignia debe operar bajo criterios de confidencialidad similares a los de una empresa privada.
También se amparó en el artículo 63 de la ley, que excluye a las filiales como entes paraestatales.
La respuesta no aclara si Gas Bienestar opera con pérdidas, cuántas rutas tiene activas, si cuenta con inventarios ni si el programa se expande o reduce.
Este año, la Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que se evalúa su desaparición, al considerar que ya cumplió su objetivo de estabilizar el precio del producto.
