Grupos de repartidores y conductores se han manifestado en contra de la fórmula que utiliza el Instituto Mexicano del Seguro Social
El incremento al salario mínimo previsto para 2026 hará aún más difícil que los trabajadores de plataformas digitales alcancen el umbral de ingresos requerido para acceder a la seguridad social.
Grupos de repartidores y conductores se han manifestado en contra de la fórmula que utiliza el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para calcular los ingresos de estos trabajadores, quienes deben alcanzar al menos un salario mínimo mensual para tener acceso a los servicios de salud.
De acuerdo con datos de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), en noviembre solo 164 mil 205 repartidores y conductores ,de un total aproximado de 1.1 millones de personas registradas, lograron superar el umbral de ingreso neto mensual necesario para acceder a la seguridad social completa. Esta cifra representa apenas 13.7 por ciento del total.
Ante estos resultados, la UNTA exigió la eliminación de los llamados porcentajes de exclusión, utilizados para calcular el ingreso base de estos trabajadores. Dichos porcentajes corresponden a los gastos operativos que enfrentan, como el mantenimiento del vehículo.
"La UNTA reitera que los porcentajes de exclusión, 55 por ciento para automóvil, 40 por ciento para motocicleta y 12 por ciento para bicicleta, deben eliminarse. Además, el nuevo salario mínimo publicado para 2026 profundiza esta contradicción: lo que debería ser una buena noticia para el país se convierte en un obstáculo para los trabajadores de plataformas", manifestó la organización.
Por su parte, Repartidores Unidos de México advirtió que, si los gastos operativos no se calculan de manera adecuada, el programa de afiliación al IMSS no funcionará correctamente.
"Un cálculo inadecuado de los costos operativos pone en riesgo el empleo de miles de personas y los ingresos de nuestras familias", señalaron.
Asimismo, afirmaron que desde el inicio de la prueba piloto se ha registrado una disminución en la demanda de sus servicios.
"Esto significa menos ingresos para nuestros hogares. No es justo que intentar mejorar un derecho termine afectando nuestros bolsillos", concluyeron.
