Amnistía Internacional (AI) llamó al Estado mexicano a garantizar la libre manifestación, tras alertar sobre el uso sistemático de violencia policial y discursos estigmatizantes contra las protestas en al menos 14 entidades del país.
"El Estado mexicano debe aplicar directrices del derecho internacional para respetar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. Amnistía Internacional observa con preocupación que, en los últimos años, y particularmente en los últimos meses, en algunas protestas se han presentado prácticas represivas por parte de cuerpos policiales", expuso.
"Y un discurso estigmatizante de la protesta social por parte de algunas autoridades para deslegitimar las causas que las originan", agregó.
De acuerdo con la asociación, esta situación se ha recrudecido en los últimos meses, y este año documentó casos de represión en al menos 14 entidades del país: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.
El informe detalla que la violencia estatal no es aleatoria, sino que va dirigida principalmente a personas racializadas, comunidades indígenas y mujeres.
Detalló que durante las marchas del 8 de marzo de este 2025, se reportaron al menos 16 detenciones arbitrarias y el uso de gas lacrimógeno en estados como Yucatán, Ciudad de México y Chihuahua. Mientras que en Hidalgo, se documentaron golpes y la táctica de encapsulamiento contra manifestantes.
En Puebla resaltan dos casos: en agosto, cuatro mujeres que protestaban por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas fueron golpeadas y retenidas por seis horas, y en septiembre, 400 agentes detuvieron con fuerza desmedida a 105 estudiantes de la Normal Rural Carmen Serdán.
En Chiapas, el 7 de octubre, la policía de Tuxtla Gutiérrez agredió a siete buscadoras de la Colectiva Madres en Resistencia mientras exigían justicia frente a la Fiscalía del Estado, y en el Estado de México y CDMX se registraron agresiones durante la conmemoración del 2 de octubre y el uso excesivo de la fuerza en protestas recientes del 15 de noviembre en la capital del país.
AI refirió que la organización Artículo 19 documentó agresiones contra periodistas en Michoacán tras el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo a inicios de noviembre.
Amnistía Internacional advirtió que el Estado mexicano utiliza los códigos penales como herramienta de castigo y que delitos como obstrucción a las vías públicas, oposición a la obra pública, motín e incluso secuestro son aplicados de forma ambigua para criminalizar a activistas.
La organización subrayó que el ejercicio de la libertad de reunión no debe tratarse como un delito penal bajo ninguna circunstancia. Asimismo, lamentó que desde las tribunas públicas se mantenga un discurso que califica las manifestaciones como violentas, lo que genera un ambiente hostil, deslegitima el activismo y facilita que tanto autoridades como particulares ejerzan más violencia.
Para cumplir con los estándares internacionales, señaló que México debe establecer marcos jurídicos que eliminen leyes ambiguas utilizadas para criminalizar la protesta, capacitar a sus policías en derechos humanos y mediación para erradicar tácticas como el encapsulamiento, y garantizar que el uso de la fuerza sea estrictamente excepcional, bajo principios de legalidad y proporcionalidad.
Finalmente, la asociación instó al Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales a revisar la Ley de Uso de la Fuerza y crear mecanismos de supervisión policial con participación de la sociedad civil para garantizar que el derecho a disentir deje de ser motivo de persecución en México.
