San Luis Potosí, SLP.- El encarecimiento constante de la vida cotidiana comienza a reflejarse con mayor crudeza en los hogares potosinos. No se trata de un ajuste aislado ni de un fenómeno pasajero, sino de una cadena de incrementos que, año con año, presiona los bolsillos de las familias y profundiza las desigualdades sociales.
Así lo advirtió el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Tomás Cruz Perales, quien señaló que los aumentos en productos y servicios básicos no pueden analizarse solo desde cifras técnicas, sino desde el impacto real que tienen en la vida diaria de la población, particularmente de quienes menos tienen.
Uno de los escenarios que más inquietud genera es la posibilidad de un nuevo incremento en la tarifa del transporte público en 2026, luego de que el servicio ya registrara un alza durante 2025. Para muchas familias, explicó, el traslado diario representa un gasto inevitable que se acumula mañana y tarde, al ir y venir del trabajo, la escuela o actividades esenciales, elevando considerablemente el costo de vida.
A ello se suma el aumento sostenido en los precios de la canasta básica, un golpe directo a la economía doméstica. El vocero subrayó que hoy resulta cada vez más difícil solventar los gastos elementales, lo que deja a miles de personas en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la inflación.
Desde la perspectiva de la Iglesia, este panorama revela una problemática más profunda, la persistencia de condiciones económicas injustas que favorecen a quienes ya tienen más recursos, mientras que los sectores con menos ingresos enfrentan un empobrecimiento progresivo. Una realidad que, advirtió, no puede normalizarse ni minimizarse.
En cuanto al reciente ajuste en las tarifas del servicio de agua potable aprobado para Interapas —con incrementos del 3.8 por ciento en el cobro doméstico popular y del 6.6 por ciento en los sectores comercial e industrial—, Cruz Perales reconoció que en diversas colonias el servicio se presta de manera adecuada, aunque el contexto general obliga a reflexionar sobre el impacto acumulado de estos aumentos en la economía familiar.
La advertencia es clara, más allá de los porcentajes y las justificaciones administrativas, el reto está en evitar que la carga económica siga recayendo sobre quienes ya viven al límite, y en abrir un debate social donde la voz de los usuarios sea escuchada.
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