San Luis Potosí, SLP.- Mientras el Congreso del Estado fijó un techo presupuestal más bajo para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en 2026, la institución optó por trazar una ruta distinta, fortalecer su proyección financiera a partir de recursos propios y mantener una estimación estatal que le permita operar sin comprometer su estabilidad académica y administrativa.
De acuerdo con el proyecto de ingresos que la Rectoría presentará al Consejo Directivo Universitario (CDU), la UASLP prevé un presupuesto total cercano a los 4 mil millones de pesos para el próximo año. En este esquema, la universidad se sostiene principalmente del subsidio federal, pero destaca un dato clave, los ingresos autogenerados se consolidan como la segunda fuente de financiamiento más importante, por encima incluso de la aportación estatal.
El documento proyecta 915.5 millones de pesos en ingresos propios, equivalentes al 22.9 por ciento del total, una proporción que evidencia el peso creciente de la autosuficiencia universitaria en un contexto de restricciones presupuestales. En contraste, el financiamiento federal se estima en 2 mil 559.7 millones de pesos, mientras que la aportación estatal se mantiene en una proyección cercana a los 521 millones de pesos, cifra similar a la del ejercicio fiscal que está por concluir.
Este planteamiento contrasta con lo aprobado recientemente por el Congreso del Estado, que fijó en 320 millones de pesos la aportación estatal para la UASLP en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2026. Pese a ello, la administración universitaria mantiene su estimación financiera con base en la operación real de la institución y las necesidades estructurales para garantizar su funcionamiento.
El análisis interno advierte que la viabilidad financiera de la UASLP enfrenta presiones crecientes. Por un lado, las cuotas de nuevo ingreso y reingreso continúan congeladas; por otro, la gratuidad obligatoria en la educación superior sigue vigente sin que exista, hasta ahora, un fondo específico de compensación por parte de los gobiernos federal y estatal.
Bajo este escenario, la proyección para 2026 anticipa una pérdida aproximada de 94 millones de pesos, derivada de la falta de actualización de cuotas conforme a la inflación. Aun así, la Rectoría, encabezada por Alejandro Zermeño Guerra, mantiene una postura institucional orientada a la responsabilidad financiera, privilegiando la continuidad académica y el acceso a la educación sin trasladar el impacto económico a los estudiantes.
La discusión del presupuesto universitario, que se dará en el seno del CDU, pone sobre la mesa un debate de fondo: hasta dónde puede sostenerse la educación superior pública con recortes, gratuidad obligatoria y sin mecanismos compensatorios claros, en una institución que cada vez depende más de su capacidad para generar recursos propios.
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