Opinión
¿Qué pasa cuando una persona trabaja todos los días, cumple horarios, produce bienes o servicios, sostiene a su familia y contribuye al movimiento económico… pero no existe para el sistema?
En México, millones de personas viven esta contradicción. La informalidad laboral no es una falla menor ni una etapa temporal del desarrollo; es uno de los problemas estructurales más profundos del país y una de las principales razones por las que el bienestar social sigue siendo frágil, incompleto y desigual.
Hablar de informalidad no es hablar de evasión voluntaria o de falta de esfuerzo. Es hablar de un Estado que no ha logrado integrar a la mayoría de su fuerza laboral al sistema de derechos que la propia Constitución reconoce.
El cuerpo del problema: una realidad masiva
De acuerdo con datos del INEGI, más del 55 % de la población ocupada en México trabaja en condiciones de informalidad. Esto significa que más de la mitad de quienes generan ingresos lo hacen sin acceso a seguridad social, sin contrato formal, sin pensión, sin incapacidad médica, sin protección frente a riesgos laborales.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido que la informalidad no solo afecta los ingresos de los trabajadores, sino que perpetúa la pobreza, reduce la productividad y debilita las finanzas públicas. Un mercado laboral informal implica menos aportaciones al sistema de salud y pensiones, y mayor presión sobre el gasto social financiado por impuestos generales.
En términos económicos, la informalidad crea un círculo vicioso: baja productividad, bajos ingresos, menor recaudación y menor capacidad del Estado para ofrecer servicios de calidad.
El caso de San Luis Potosí
En San Luis Potosí, la informalidad refleja el patrón nacional. Datos del INEGI indican que alrededor de la mitad de la población ocupada se encuentra en condiciones informales, particularmente en sectores como comercio, servicios personales y actividades de baja productividad.
Este dato contrasta con la imagen de un estado dinámico, con crecimiento industrial y atracción de inversiones. Sin embargo, el desarrollo no se traduce automáticamente en bienestar si no logra integrar a la población al empleo formal. El resultado es una economía que crece, pero una sociedad que no termina de consolidarse.
La informalidad explica, en buena medida, por qué amplios sectores de la población siguen siendo vulnerables ante una enfermedad, un accidente o la vejez.
El contraste internacional: otras decisiones, otros resultados
En los países desarrollados, la informalidad laboral suele ubicarse por debajo del 15 %. Esto no ocurre por casualidad. Sistemas fiscales eficientes, inspección laboral efectiva, incentivos a la formalización y seguridad social amplia han convertido al empleo formal en la regla.
En América Latina, existen ejemplos relevantes. Chile y Uruguay han logrado reducir significativamente la informalidad mediante políticas que combinan protección social, simplificación administrativa y esquemas de contribución accesibles. Estos países muestran que la formalidad no se impone solo con sanciones, sino con instituciones que funcionan y generan confianza.
La comparación es clara: la informalidad no es un destino inevitable, sino el resultado de decisiones públicas (o de la ausencia de ellas)
El dato jurídico: derechos reconocidos, derechos incompletos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, reconoce el derecho al trabajo digno y socialmente útil, así como la obligación del Estado de garantizar condiciones que protejan la salud y el bienestar del trabajador y su familia.
El artículo 4º constitucional establece el derecho a la protección de la salud, mientras que la Ley del Seguro Social define la seguridad social como un derecho derivado del empleo formal.
El problema no es la falta de normas, sino su aplicación desigual. Cuando más de la mitad de los trabajadores queda fuera de la formalidad, los derechos constitucionales se vuelven parciales. En los hechos, la informalidad vacía de contenido al Estado social y convierte los derechos en aspiraciones.
En Conclusión
Un país que normaliza la informalidad normaliza también la fragilidad.
No se trata de criminalizar al trabajador informal, sino de construir un sistema donde la formalidad sea posible, atractiva y viable. Sin empleo formal no hay seguridad social; sin seguridad social no hay bienestar sostenible.
México no puede aspirar a un Estado de bienestar mientras la mayoría de su fuerza laboral permanezca al margen del sistema de derechos.
Para observar en la semana
El cierre del año obliga a hacer balances. El gobierno federal ha avanzado en transferencias directas y programas sociales que han contenido parcialmente la pobreza por ingresos. Sin embargo, persisten pendientes estructurales: la alta informalidad laboral, la presión sobre el sistema de salud y pensiones, y la falta de incentivos reales para la creación de empleo formal.
El reto hacia el próximo año no será repartir más recursos, sino convertir el crecimiento económico y el gasto social en derechos duraderos, empezando por el trabajo formal.
