San Luis Potosí, SLP.- La falta de docentes en diversas escuelas del Altiplano potosino no responde únicamente a carencias administrativas o presupuestales, sino a un fenómeno que comienza a encender alertas dentro del sistema educativo, el acto de denuncias contra maestros que, en muchos casos, no cuentan con sustento, pero que de manera inmediata los separan del aula.
De acuerdo con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), el simple señalamiento contra un docente activa un protocolo que obliga a retirarlo de sus funciones, sea culpable o no, mientras se desarrolla una investigación. Esta medida preventiva, aunque busca proteger a los estudiantes, ha derivado en un efecto colateral grave, salones sin maestro y alumnos sin clases por periodos prolongados.
El titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, reconoció que este mecanismo ha generado un vacío de personal que no siempre puede cubrirse de forma inmediata, lo que impacta directamente en el proceso educativo de niñas, niños y jóvenes. Actualmente, al menos 30 docentes separados de su cargo se encuentran bajo investigación, muchos de los cuales podrían resultar improcedentes.
Ante este escenario, el funcionario confirmó que ya se analiza una iniciativa enfocada en la defensa de los maestros, con el objetivo de evitar que denuncias infundadas sigan provocando la salida automática de docentes y, con ello, la suspensión de clases. La propuesta busca acelerar la resolución de los casos y reducir el tiempo en que los profesores permanecen fuera del aula sin una determinación clara.
Si bien las autoridades reconocen que existen situaciones reales de acoso, abuso de poder o bullying por parte de docentes —casos que deben investigarse y sancionarse con rigor—, también se advierte una problemática emergente, el uso de la denuncia como un mecanismo de presión o castigo, donde se exageran o distorsionan hechos para afectar al maestro.
Este fenómeno, aunque no es una postura oficial, plantea interrogantes sobre el contexto escolar actual, la pérdida de autoridad en el aula y la facilidad con la que una acusación, aun sin pruebas, puede truncar temporalmente la labor docente y perjudicar a terceros, -los estudiantes.-
Torres Cedillo subrayó que, con la nueva iniciativa, los maestros podrían reincorporarse a las aulas mientras continúan sus procesos legales, siempre que no exista un riesgo comprobado. En caso de comprobarse alguna falta, se aplicarán las sanciones correspondientes; sin embargo, el objetivo central es que los alumnos no sigan pagando las consecuencias de denuncias que aún no han sido acreditadas.
La SEGE insiste en que el reto es encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de los estudiantes y la presunción de inocencia de los docentes, evitando que la educación se vea interrumpida por procesos que, en muchos casos, terminan sin responsabilidad alguna.
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