Tablero político
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí vive, quizá, uno de los momentos más oscuros y reveladores de los últimos años. Y digo reveladores porque lo ocurrido en la Facultad de Derecho no se trata de un hecho aislado, sino del síntoma más claro de una institución que se niega a verse en el espejo.
La UASLP enfrenta una crisis profunda de seguridad, de transparencia, de equidad de género y, sobre todo, de credibilidad.
La pregunta ya no es qué pasó, sino: ¿qué más necesita la Universidad para entender?
Todo comenzó —al menos públicamente— con uno de los episodios más indignantes ocurridos dentro de un campus universitario en San Luis Potosí. En pleno interior de la Facultad de Derecho, jóvenes estudiantes ingresaron alcohol y drogas, se drogaron dentro de oficinas y terminaron abusando de una estudiante.
¿Dónde estaba la seguridad?
¿Dónde estaban los controles de acceso?
¿Dónde estaban los responsables administrativos?
La respuesta es tan simple como grave, no estaban. La negligencia fue tan evidente que terminó costándole el puesto a directivos y al propio director de la Facultad, no por voluntad institucional, sino por la presión directa del alumnado que ya no estaba dispuesto a seguir normalizando la impunidad interna.
Tras la renuncia del director, la UASLP nombró como director interino a Jesús Javier Delgado Sam, quien asumió el control temporal mientras se integraba una nueva terna. Pero ni siquiera ese proceso pudo hacerse sin tropiezos.
Los estudiantes exigieron una directora mujer. No como un capricho, sino como respuesta a años de inequidad:
en la historia de la Facultad de Derecho, todos los directores han sido hombres.
Siempre hombres, aunque la violencia sistemática que sufren las alumnas reclame una mirada distinta, una sensibilidad distinta, un liderazgo distinto.
Pero incluso esa demanda tan básica fue ignorada.
La integración de la terna se convirtió en un nuevo episodio de opacidad.
Docentes excluidos, estudiantes silenciados, denuncias de favoritismo, presuntas cercanías partidistas entre aspirantes todo ello mientras el Consejo Técnico avanzaba como si nada pasara.
Los estudiantes pidieron participar.
La UASLP les respondió con silencio.
Pidieron transparencia.
La UASLP les cerró las puertas.
Pidieron que la equidad de género fuera algo más que un discurso.
La UASLP les mostró, una vez más, que no está dispuesta a soltar sus viejas prácticas.
Ante las irregularidades, el académico José Edgar Durón Puente acudió a los tribunales y promovió un amparo.
Y la justicia federal le dio la razón al menos de manera provisional:
El Juzgado Sexto de Distrito ordenó suspender cualquier acto que lleve al nombramiento de una persona titular de la Dirección.
Reconoció un posible daño irreparable al haber sido excluido del proceso.
Obligó a la Universidad a entregar informes y la apercibió con multa en caso de incumplimiento.
Es decir:
la UASLP no solo perdió credibilidad ante sus alumnos sino también ante la justicia.
Mientras todo esto ocurre, el rector Alejandro Zermeño lanzó una advertencia preocupante:
si el Consejo Directivo no elige a alguien, él mismo presentará una nueva terna sin consultar a la comunidad.
El mensaje es claro, "Si ustedes no se ponen de acuerdo, yo decido por todos."
La autonomía no significa autoritarismo.
Y el hecho de que el rector esté dispuesto a ejercer esa facultad, en medio de denuncias de opacidad, solo profundiza la crisis de legitimidad.
¿Qué sigue?
El proceso está suspendido por orden judicial. El 16 de diciembre se resolverá si la suspensión continúa.
La Universidad podría enfrentar la nulidad del procedimiento, nuevas impugnaciones, más protestas estudiantiles y un daño reputacional que ya comenzó a desbordarse.
Pero hay algo más grave que todo lo anterior:
La UASLP parece no entender qué la trajo hasta aquí.
Y mucho menos cómo salir.
Una Universidad que debe elegir entre escuchar o hundirse.
El caso de Derecho es un espejo que la UASLP se ha negado a mirar.
Una comunidad estudiantil que exige seguridad, transparencia y equidad.
Una estructura directiva que responde con silencios, imposiciones y burocracia.
Una justicia federal que tiene que intervenir porque la institución no supo garantizar un procedimiento limpio.
Y todo eso mientras las víctimas, los estudiantes y los docentes siguen esperando una señal real de cambio.
La pregunta vuelve al inicio:
¿Qué necesita la UASLP para entender?
Quizá necesite aceptar que la autonomía no es una licencia para la opacidad.
Quizá necesite reconocer que la equidad de género no es un adorno.
Quizá necesite entender que su mayor obligación es con su comunidad, no con viejas élites internas.
O quizá —y eso sería lo más triste— necesite tocar fondo para reaccionar.
La Universidad Autónoma está ante una decisión histórica,o escucha de una vez por todas, o seguirá perdiendo lo único que la sostiene:
la confianza de sus estudiantes.
