El Plan Integral contra el Abuso Sexual tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de atención, denuncia y procuración de justicia
San Luis Potosí, SLP.- La homologación del Plan Integral contra el Abuso Sexual y la modificación al Código Penal para fortalecer la persecución de este delito fueron planteadas como un avance clave en la protección de los derechos de las mujeres, al buscar que el Estado asuma de manera plena la responsabilidad de investigar, sancionar y prevenir este tipo de violencia en todo el país.
Durante su intervención ante el Pleno, la diputada Roxana Hernández Ramírez señaló que el Plan Integral contra el Abuso Sexual tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de atención, denuncia y procuración de justicia, con procesos más ágiles, accesibles y con mayor protección para las víctimas, además de avanzar en la construcción de entornos seguros para las mujeres.
La legisladora expuso que, históricamente, el abuso sexual ha sido minimizado o relegado bajo el argumento de ser difícil de probar, lo que ha generado revictimización e indiferencia institucional. En ese sentido, destacó que uno de los ejes centrales del plan es establecer que el delito de abuso sexual se persiga de oficio, con lo cual la carga de la denuncia y la investigación deja de recaer en las víctimas y pasa a ser una obligación directa del Estado.
Hernández Ramírez subrayó que denunciar no debe seguir siendo un proceso lleno de obstáculos, miedo y desgaste emocional, por lo que el plan plantea una atención más humana, acompañamiento real y medidas que eviten la revictimización desde el primer contacto con las autoridades, garantizando la protección de las mujeres desde el inicio del procedimiento.
En el ámbito legislativo, informó que el dictamen contempla la adición de un párrafo VI al artículo 178 del Código Penal, con el fin de reforzar el marco jurídico en materia de abuso sexual. Esta modificación establece criterios más claros para su tipificación y sanción, además de armonizar la legislación estatal con el enfoque nacional, que reconoce este delito como grave y de interés público, permitiendo su persecución de oficio y fortaleciendo las facultades de las autoridades para actuar de manera inmediata.
La diputada reconoció que este esfuerzo forma parte de una estrategia nacional orientada a fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia sexual, y destacó que la instrucción presidencial para homologar y tipificar el abuso sexual como delito grave en todas las entidades federativas representa un avance histórico, al garantizar que los derechos y la protección para las mujeres sean los mismos sin importar la entidad en la que se encuentren.
Finalmente, afirmó que este plan y las reformas legales obligan a las instituciones a asumir su responsabilidad en la construcción de una justicia más humana, rápida y efectiva, donde denunciar no sea un acto de valentía extrema, sino un derecho garantizado, y donde las mujeres tengan la certeza de que serán escuchadas y recibirán la ayuda que necesitan.
