San Luis Potosí, SLP.- El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, lamentó que el caso del concierto Rich —donde dos jóvenes perdieron la vida y varios más resultaron gravemente lesionados tras el colapso de un barandal— haya escalado hasta los tribunales, pese a que, afirmó, el Ayuntamiento sostuvo mesas de diálogo y ofreció acuerdos de reparación moral a las familias afectadas.
Galindo recordó que, tras el accidente, el municipio fue la única autoridad que actuó de inmediato, -sancionó al responsable del evento, inhabilitó a los organizadores y modificó el Reglamento de Comercio tal como lo solicitaron los familiares.- Sin embargo, señaló que actualmente enfrentan cinco demandas por daño moral que, en conjunto, ascienden a casi 300 millones de pesos.
“Yo tuve más de 20 mesas de trabajo con los papás. Lamento mucho cómo se planteó el dictamen y lamento que un hecho tan doloroso haya llegado a un tribunal. Nosotros siempre estuvimos abiertos a un arreglo del daño moral, porque lo hay y yo lo reconozco”, expresó.
El alcalde explicó que el dictamen recientemente ventilado —en el que la defensa jurídica del Ayuntamiento hace referencia a responsabilidades indirectas— no corresponde a un nuevo documento, sino a parte de la estrategia legal para proteger el patrimonio municipal dentro del proceso judicial en curso. “No es que haya un nuevo dictamen; es parte del ejercicio de defensa. Tuvimos que plantear la defensa en varios sentidos, y una de tantas líneas es esa”, aclaró.
El edil, Galindo Ceballos enfatizó que él no hará públicas más consideraciones sobre el caso para no revictimizar a las familias. “Si alguien quiere ventilar lo que está en tribunales, que sean ellos. Yo no voy a hacerlo por respeto a las familias y porque no voy a caer en el juego de monetarizar un dolor así”, dijo.
Respecto a las denuncias presentadas, el edil precisó que no todas están dirigidas exclusivamente contra el Ayuntamiento. Detalló que, de las cinco demandas, algunas también van contra instancias estatales como Protección Civil Estatal, Gobernación y la Coepris. “Tiene mucho que ver quién demanda. Una familia que perdió a su hijo demanda solo al Ayuntamiento, y la otra demanda tanto al Ayuntamiento como al Gobierno del Estado. Aquí no es lo que yo piense, sino cómo está planteado el escenario jurídico”, puntualizó.
Mientras el proceso continúa en los tribunales, Galindo insistió en que su administración actuó de manera responsable y oportuna durante la crisis del caso Rich, aunque ahora deba enfrentar las consecuencias legales del trágico incidente.
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