San Luis Potosí, SLP.- En reunión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Régimen Interno y Asuntos Electorales se aprobó por mayoría de votos el dictamen de la iniciativa presentada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) que pretende reformar, adicionar, y derogar diversas disposiciones de la Constitución y la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, destacando principalmente que en elección de 2027 únicamente podrán competir mujeres para el cargo de la Gubernatura del Estado
"Podemos decir que una vez que nosotros analizamos la teoría del proyecto concluimos que las reformas adiciones y elaboraciones propuestas son constitucionalmente procedentes y se encuentran debidamente justificadas, y responden a necesidades reales de modernización del régimen electoral, y sin duda vamos a fortalecer el sistema democrático, y garantizando en todo momento los derechos humanos", señaló el asesor de las comisiones.
El dictamen, que será enviado a la Directiva del Congreso del Estado para su inclusión en la sesión del próximo domingo 14 de diciembre, o en su caso en la sesión del lunes 15 del mismo mes, incluye, el fortalecimiento sustantivo del principio de paridad de género, con la alternancia obligatoria en la candidatura a la gubernatura según el género registrado en la elección previa; Integraciones paritarias en ayuntamientos, incluidas presidencias municipales; armonización de la Comisión de Género con principios de igualdad y no discriminación, y facultades del CEEPAC para rechazar registros que incumplan con la paridad.
Además, ajustar el inicio del proceso electoral al 15 de noviembre del año previo a la elección; incorporar remuneración para integrantes de Comisiones Distritales y Comités Municipales; robustecer procedimientos de sustitución y revocación de personas integrantes de órganos desconcentrados; modernizar el manejo de boletas, documentos y sistemas de resultados; y ampliar atribuciones en la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial.
Finalmente, el establecimiento de un 5 por ciento obligatorio del presupuesto de los partidos políticos, destinado a capacitación, para que lo asignen específicamente a la formación política; el desarrollo de habilidades; el fortalecimiento de liderazgos; y la participación efectiva en espacios de toma de decisiones de personas con discapacidad y de personas de la diversidad sexual.
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