Luego que la Misión Civil de Observación confirmó la destrucción causada por el Tren Maya, desde deforestación masiva, destrucción de al menos 125 cenotes, impulso a la especulación inmobiliaria y violación del derecho de consulta de pueblos indígenas, la organización Sélvame del Tren exigió castigo a los culpables, suspensión y reversión de las obras que pongan en riesgo ecosistemas, territorios y comunidades.
"Este Informe representa una oportunidad para frenar un modelo de desarrollo que privilegia el lucro, el control y el despojo sobre la vida, la naturaleza y el derecho a un medio ambiente sano", expuso en un comunicado.
La organización demandó una investigación independiente sobre los abusos documentados, incluidos militarización, violencia, despojo y daños ambientales; la suspensión, reconfiguración o reversión de las obras del Tren Maya en tramos, estaciones o infraestructuras que pongan en riesgo ecosistemas, territorios y comunidades; garantía del acceso a la justicia para comunidades afectadas con medidas de reparación, y difusión del informe dado a conocer el martes para visibilizar lo que muchos quieren ocultar, los costos reales del megaproyecto.
El reporte de la Misión Civil de Observación, confirmado por organizaciones como el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, U kúuchil k Ch'i'ibalo'on, Cenotes Urbanos, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, Greenpeace México y Terravida, documentó impactos irreversibles en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, de Cancún a Chetumal, los últimos en ser acabados por los militares, debido a los varios cambios de ruta.
El informe expone deforestación masiva y destrucción de hábitats clave, a pesar de que el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsor de la megaobra, aseguró que no se tiraría ningún árbol; daños irreversibles a sistemas de cuevas y cenotes; dificación de flujos hidrológicos y contaminación del agua; violaciones sistemáticas al derecho a la consulta previa, libre e informada; militarización y represión contra comunidades y defensores del territorio y aceleración del cambio de uso de suelo y expansión de megaproyectos turísticos, entre otros.
"(Fue) un auténtico etnocidio y ecocidio sustentado en un clima de violación de derechos, militarización, vacíos legales y violencia institucional", sostuvo el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN), en un comunicado reciente.
El informe de la Misión Civil de Observación reportó más 7.2 millones de árboles removidos o más de 60 kilómetro cuadrados de selva deforestada, destrucción de más de 125 cenotes y cuevas subterráneas, afectadas por la instalación de más de 15 mil pilares de metal y concreto en el Tramo 5, avance de la ocupación militar y el abuso de poder por parte de la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y la Marina, como vejaciones, extralimitación de funciones y control arbitrario de espacios públicos y un proceso de especulación inmobiliaria y privatización del territorio, con incrementos de hasta 400 por ciento en el precio de predios colindantes a la vía, y el surgimiento de asentamientos irregulares y desarrollos de lujo sin permisos ambientales ni de uso de suelo.
A pesar de los enormes daños, el Tren Maya reportó 275 millones de pesos en ventas de boletos y souvenirs en 2024, pero sus gastos operativos fueron por 2 mil 837 millones de pesos, es decir, 10 veces sus ingresos.
En más de dos años ha reportado 1.8 millones de personas transportadas, aunque la proyección de López Obrador era de al menos 3 millones al año.
El Tren Maya, de más de mil 500 kilómetros que recorre cinco estados del sureste mexicano, fue inaugurado en diciembre de 2023 por López Obrador, y su costo pasó de una estimación inicial de 140 mil millones de pesos a más de 500 mil millones.
