San Luis Potosí, SLP.- La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) dará paso a un nuevo esquema de actuación que busca evitar el abandono involuntario de grupos escolares, una situación que por años afectó a comunidades completas, sobre todo en zonas apartadas del Altiplano. Con la reciente modificación aprobada por el Congreso del Estado, 30 maestros que habían sido retirados de sus centros de trabajo por señalamientos menores podrán reincorporarse a las aulas mientras continúan los procesos administrativos en su contra.
La reforma —que se publicará esta semana en el Periódico Oficial del Estado— pone fin a una práctica que, aunque buscaba responder con rapidez a cualquier queja estudiantil, terminaba dejando escuelas enteras sin docentes por periodos prolongados. Antes, cualquier denuncia ante instancias como Derechos Humanos implicaba separación inmediata, suspensión de salario y la imposibilidad de continuar con las labores, aun cuando las acusaciones no siempre prosperaban o se trataban de malentendidos.
Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la SEGE, explicó que el nuevo marco permitirá dar continuidad al servicio educativo mientras se aclaran reportes derivados de interpretaciones erróneas, expresiones mal comprendidas o incidentes ajenos a conductas graves. Estas situaciones, frecuentes en la dinámica escolar, provocaban que estudiantes se quedaran sin clases durante semanas, afectando la calidad educativa y generando tensiones entre familias y directivos.
No obstante, el Gobierno del Estado mantendrá una línea estricta frente a faltas de alto riesgo, casos relacionados con acoso u hostigamiento sexual, abuso sexual o cualquier conducta grave seguirán implicando la separación inmediata del docente mientras se investigan los hechos.
La discusión sobre cómo actuar ante las denuncias sin vulnerar derechos ni revictimizar a nadie tomó fuerza en 2020, cuando un profesor del Cobach 25, identificado como Aurelio N., se quitó la vida luego de aparecer señalado en “el mural de la vergüenza”, una protesta estudiantil en la que más de 100 jóvenes colocaron carteles con nombres de presuntos acosadores.
El docente enfrentaba procesos formales por hostigamiento, y su caso abrió un debate nacional sobre la protección a las víctimas, la responsabilidad institucional y el riesgo de que señalamientos públicos o procedimientos deficientes lleven a consecuencias irreversibles.
Con las nuevas reglas, la SEGE afirma buscar equilibrio, proteger el desarrollo académico de miles de estudiantes sin minimizar las denuncias serias y garantizando que las investigaciones avancen sin afectar injustificadamente a la plantilla docente.
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