San Luis Potosí, SLP.- El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, insiste en que la propuesta de Ley de Ingresos 2026 no incluye aumentos, pero sus propias declaraciones abren la puerta a un debate más profundo, ¿qué tanto puede ocultarse un incremento detrás de la palabra actualización?.
Tras el rechazo anticipado del bloque conformado por MORENA, PVEM, PT y Nueva Alianza, que acusó supuestos incrementos en predial, multas y agua, Galindo respondió con una narrativa que intenta desmarcarse de cualquier etiqueta de alza. Su argumento central es que la iniciativa únicamente ajusta cifras conforme a la inflación, estimada por su administración en alrededor del 4 %. Sin embargo, en términos prácticos para la ciudadanía, un ajuste inflacionario opera igual que un aumento, -se paga más.-
La postura del alcalde se sostiene en un matiz técnico que suele perderse fuera del lenguaje administrativo, pues aunque los “ajustes inflacionarios” son comunes año con año, también representan un impacto directo en los bolsillos, especialmente en un contexto donde el costo de vida ya presiona al ciudadano promedio. Reducir el debate a una disputa terminológica diluye la verdadera discusión, qué tan oportuno, necesario y proporcional es el ajuste.
Galindo defiende además que la tarifa popular del agua permanece intacta, aunque admite que sí hay incrementos en algunas multas. Dice que no son recaudatorias, sino “reguladoras”, particularmente en casos como la tala de árboles o manejar en estado de ebriedad. Pero el contraste entre asegurar que “no hay aumentos” y luego justificar por qué sí los hay en materia de sanciones deja ver una estrategia discursiva que busca controlar la narrativa más que transparentar el impacto real de la iniciativa.
Aun cuando el alcalde descarta afectaciones inmediatas si el Congreso rechaza la propuesta, reconoce que el tema se ha politizado. No obstante, su insistencia en que todo está equilibrado y que no se daña la economía familiar parece enfrentar resistencia incluso entre los diputados que deberán votar el documento. Si para el Ejecutivo municipal se trata solo de ajustes naturales, para otros actores políticos estos movimientos podrían interpretarse como incrementos encubiertos.
Galindo asegura que irá al Congreso a convencer, pero el desafío no será únicamente político, será explicar por qué un ajuste inflacionario —por pequeño que sea— no debe considerarse incremento, sobre todo para una ciudadanía que ya carga con incrementos en prácticamente todos los servicios básicos. Al final, la discusión no es solamente sobre números, sino sobre la forma en que el gobierno decide presentarlos.
.gif)
