San Luis Potosí, SLP.- El sistema de pensiones del Gobierno del Estado de San Luis Potosí opera bajo una lógica que, aunque legal, se ha vuelto financieramente insostenible. La Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado —reformada en 2024— permite que un trabajador burócrata se jubile con 30 años de servicio en el caso de los hombres y 28 en el de las mujeres. Sobre el papel suena razonable. En la práctica, abre la puerta a que personas comiencen a recibir una pensión vitalicia desde los 48 o 50 años de edad si iniciaron su vida laboral en el gobierno a los 18 o 20.
Este envejecimiento prematuro del sistema no solo presiona las finanzas públicas, sino que multiplica los costos operativos, -una vez que un empleado se jubila, el Estado debe cubrir su pensión y además contratar a alguien para reemplazarlo, generando una doble carga salarial que ningún fondo aguanta por tiempo indefinido.-
Mientras tanto, el trabajador promedio del sector privado vive una realidad diametralmente distinta, los hombres llegan a la jubilación hasta los 65 años, y las mujeres a los 63, con una vida laboral más larga, con mayores periodos de desgaste y sin posibilidad de un retiro temprano financiado por el erario.
La crisis no es hipotética. Ya llegó.
Según la información presentada por el propio Fondo de Pensiones estatal, la proporción entre jubilados y trabajadores activos vivió un deterioro extremo en solo una década.
Antes había:
1 jubilado por cada 10 trabajadores activos aportando al fondo.
Hoy la relación es:
1 jubilado por cada 2 trabajadores activos.
Este cambio drástico implica que el sistema perdió su equilibrio natural, lo que antes sostenían diez aportantes, hoy apenas lo sostienen dos.
En cualquier sistema financiero, público o privado, esta ecuación lleva inevitablemente al colapso, a menos que se realicen ajustes profundos.
La situación se agrava por la disparidad en las aportaciones entre sectores del propio gobierno estatal.
Burócratas aportan solo el 7% quincenal, es decir, 14% mensual.
Los maestros de la Sección 52, en contraste, aportan 17% quincenal (34% mensual).
Esta diferencia deja ver un sistema desigual dentro del mismo aparato gubernamental, donde un sector aporta menos, pero genera jubilaciones más tempranas y costosas para el fondo.
El marco legal de San Luis Potosí permite varias rutas de retiro para el trabajador estatal:
Opciones de retiro en el gobierno estatal
Pensión por edad avanzada: a partir de los 55 años, con al menos 15 años cotizados.
Jubilación por servicio:
Hombres: 30 años de servicio
Mujeres: 28 años de servicio
Pensión por invalidez: con requisitos mínimos de cotización y dictamen médico.
En contraste, un trabajador común no tiene estas alternativas. Su retiro es tardío, con pensiones menores y sin la garantía de ser reemplazado por otra persona pagada por el mismo patrón público.
Al menos 500 burócratas del Gobierno del Estado se jubilaron en 2024, una cifra que aceleró aún más la caída del fondo.
La lideresa del OTSIGE advirtió que el sistema ya opera con una presión financiera insostenible. Mientras tanto, Pensiones del Estado ha señalado que parte de esta crisis pudo evitarse si hubiera existido un manejo más transparente por parte del SUTSGE, sindicato del que —según la propia dependencia— no se ha obtenido información clave pese a reiteradas solicitudes.
La situación no es mejor a nivel municipal, sólo seis de cada diez trabajadores están pensionados, y el resto sigue acumulando antigüedad que el fondo estatal deberá cubrir en el futuro.
Esto significa que, lejos de disminuir, la bomba de tiempo sigue creciendo.
La estructura actual premia trayectorias laborales cortas y retiros anticipados que no están alineados con la esperanza de vida actual, ni con las capacidades financieras del Estado. Un burócrata que se jubila a los 48 años puede recibir una pensión durante 40 años o más, tiempo que duplica o incluso triplica sus años de servicio efectivo.
Es una ecuación que ningún sistema público puede sostener sin medidas correctivas.
Mientras en la iniciativa privada se prolonga la acumulación de fondos de retiro, en el sector público de San Luis Potosí se multiplica el gasto a edades donde todavía podría existir vida laboral activa.
El resultado es un fondo debilitado, presionado y con obligaciones crecientes.
La discusión sobre pensiones no es solo técnica, es ética, fiscal y social. El reto ahora es político. Y mientras no se modernice la Ley de Pensiones, el Estado seguirá pagando por duplicado y los ciudadanos también.
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