Con alrededor de 70 cambios a la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum y en una sesión de 24 horas continuas en las que las bancadas cruzaron acusaciones de acaparar el recurso, la mayoría en la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Aguas, que modifica el régimen de concesiones y distribución de agua en el país.
En medio de acusaciones, insultos e incluso empujones, Morena y sus aliados aprobaron un paquete de 18 reservas, que se sumaron a las 50 que previamente habían realizado para atender, dijeron, las demandas de los productores.
La reforma fue avalada con 324 votos a favor, 118 en contra de PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y la petista Patricia Galindo Alarcón y dos abstenciones de la petista Aracely Cruz y la independiente Araceli Mendoza Arias.
Los cambios, que fueron turnados al Senado, ampliaron las sanciones para delitos en materia de agua y revivieron la retroactividad de la reforma, al establecer en el artículo segundo transitorio que en tanto no se emitan las disposiciones reglamentarias respectivas, se seguirán aplicando las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor del decreto, "con excepción de las transmisiones y cambios de uso".
Además, especificaron que las transmisiones pasarán a ser reasignaciones de volúmenes de agua, amplían de dos a tres años previos al término de su vigencia el plazo para solicitar prórrogas de concesiones y exceptúan de sanciones a quienes alteren, desvíen u obstruyan los cauces, vasos, corrientes o flujos de agua para "uso agropecuario familiar".
Con más de la mitad de su contenido modificado, el diputado priista Emilio Lara calificó la reforma como un "Frankenstein legislativo" y advirtió que, pese a los cambios, no garantiza la certeza de las concesiones y herencias porque para ello tenían que reformar el artículo 22, que prohíbe la transmisión de derechos de agua.
Durante poco más de 24 horas de debate, diputados de la mayoría y de la Oposición intercambiaron insultos e incluso empujones, en medio de una guerra de carteles en los que mutuamente se acusaron de tener entre sus filas a acaparadores de agua.
Los ánimos se calentaron cuando el coordinador del PRI, Rubén Moreira, acusó que la reforma no había sido consultada con los pueblos indígenas, lo que era violatorio de la Constitución.
"No hay consulta, ese es el tema, no los consultaron. Esta ley es inconstitucional por esa sola razón", lanzó.
En respuesta, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que nunca dijo que la reforma había sido consultada con las comunidades indígenas, ya que sólo presentó una reserva al artículo 43, referente a los sistemas comunitarios de agua y saneamiento.
"Nunca dije que habían sido consultadas las comunidades para esta ley, es una reserva que presenté modificando el artículo 43", afirmó.
El tema confrontó a panistas y petistas luego que los primeros se acercaron a la curul del petista Adrián González Naveda, quien mostró unos documentos afirmando qué contenía la consulta y retó a panistas a ir hasta su lugar por ellos.
Tras el choque, Monreal afirmó que en diciembre de 2024 se publicó el Acuerdo Nacional por el Derecho al Agua y la Sustentabilidad y, como parte del seguimiento, en 2025 se organizaron foros de reunión en las 13 regiones hidráulicas del País.
"Sí hay consulta, sí hubo consulta y ahí está en el Diario Oficial de la Federación", dijo.
Pero el coordinador del PAN, Elías Lixa, acusó a la mayoría de ya no distinguir las obligaciones del Legislativo con las del Ejecutivo, porque las consultas a las que hace referencia Monreal son las que se realizaron para el Plan Nacional de Desarrollo.
"Esta iniciativa fue presentada en 2025. O qué, ¿viajaron en el tiempo a 2019 e hicieron una consulta para una consulta que no existía? Son unos genios", expresó.
Tras llamar a los legisladores de la mayoría "calienta curules", el panista Theodoros Kalionchiz les ofreció su sueldo de un año, incluido el aguinaldo, para llevar a cabo la consulta indígena.
"Yo los reto, es más, les doy mi salario de un año, con mi aguinaldo a disposición de ustedes, para que hagan las cosas bien y empecemos con la consulta indígena para financiar que se haga la consulta indígena y, si quieren un poquito más, le presto", dijo.
Del enfrentamiento, los legisladores pasaron a la guerra de carteles. El morenista José Alejandro Peña habló del "Cártel del Agua del Bajío" que, aseguró, se encuentra encabezado por el ex Presidente Vicente Fox, quien tiene más 10 concesiones por más de 2.1 millones de metros cúbicos.
"Se acabó el negocio, corruptos de MC PRIAN" y "14 títulos de concesión", se leía en carteles acompañados de la imagen de Fox.
"El Cártel del Bajío del Agua, encabezado por Vicente Fox, que tiene más de 10 concesiones, más de 2.1 millones de metros cúbicos de agua. Marko Cortés, ex dirigente nacional y hoy senador, que tiene dos concesiones y es de Michoacán y las tienen en Jalisco. Pero seguimos, Luis Armando Reynoso Femat, ex Gobernador de Aguascalientes (...) Luego seguimos: Francisco Ramírez Acuña, otro connotado panista, ex Gobernador de Jalisco", acusó Peña.
Los panistas también sacaron carteles con la leyenda "Acaparador de Agua" y las imágenes de personajes como Layda Sansores, Gobernadora de Campeche; Olga Sánchez Cordero, diputada federal; Altagracia Gómez, asesora de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y José Ramón López Beltrán, hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.
"Lo que existe es el Cártel del Huachicol del Agua y aquí están, por ejemplo, Layda Sansores, con 638 mil millones de metros cúbicos de acaparamiento de agua en Campeche. Que lo sepan los campechanos. José Ramón López Beltrán con Vidanta, millones de metros cúbicos en Nayarit, en Sonora, en Guerrero, en Quintana Roo con todo el Grupo Vidanta () Por aquí debe de andar una diputada, Olga Sánchez Cordero, 2.6 millones de metros cúbicos en acaparamiento de agua en el Estado de Nuevo León", señaló Héctor Saúl Téllez.
Después de más de 24 horas de sesión continua, más de 170 oradores, 68 cambios y la discusión de 475 reservas, la reforma fue aprobada y turnada al Senado.
