San Luis Potosí, SLP.- Ante vicios graves de incompatibilidad constitucional, Luis González Lozano, de Cambio de Ruta A.C., solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que promueva una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 0314 del Congreso del Estado, relativo a la reforma para sancionar uso indebido de Inteligencia Artificial (IA), dentro del plazo legal que vence el 18 de diciembre del 2025.
González Lozano, plasmó en su escrito de solicitud que los motivos de inconstitucionalidad son con base en el análisis técnico y constitucional disponible públicamente, así como en la evaluación realizada por colectivos ciudadanos, académicos y especialistas, donde persisten vicios graves de incompatibilidad constitucional en los artículos 187, 272 bis y 272 ter del Código Penal del Estado relativo al uso indebido de la IA.
Destaca la violación al principio de taxatividad, ya que el decreto emplea conceptos vagos e indeterminados como "alarma pública", "alterar la paz social", "confianza pública" "riesgo verificable", lo cual permite interpretaciones amplias y arbitrarias por parte de la autoridad.
Restricciones indebidas a la libertad de expresión e información, pues la norma puede generar un efecto inhibidor sobre el periodismo de investigación, crítica política, la parodia, sátira política y expresión artística, y actividades de defensa de derechos humanos, como la documentación de temas ambientales y casos de interés público.
Además, consideró que las penas son desproporcionadas, ya que las sanciones previstas son desproporcionadas frente al bien jurídico tutelado y frente a otros delitos más graves; inversión indebida de la carga probatoria, pues las cláusulas de exclusión exigen acreditar ausencia de dolo, lo que viola la presunción de inocencia.
González Lozano apuntó que también hay un riesgo de criminalización de periodismo, activismo y participación ciudadana, ya que aun y con las mejores del dictamen, casos como memes políticos, recreaciones periodísticas, o parodias artísticas pueden considerarse delictivas.
Puntualizó además que la Corte Interamericana ha reiterado que solo son válidas las restricciones a la libertad de expresión que sean previas y necesarias en una sociedad democrática, y estrictamente proporcionales, pero el Decreto 0314 no supera estos estándares.
En cuanto al interés legítimo, la organización de la sociedad civil signataria realiza de manera cotidiana actividades de documentación de violaciones a derechos humanos, supervisión ciudadana de actos de autoridad, investigación periodística, creación artística, crítica política, y monitoreo ambiental y climático; las reformas penales aprobadas ponen en riesgo estas actividades esenciales para la vida democrática.
Finalmente, González Lozano solicita a la CEDH la utilización de convenios institucionales con universidades, organizaciones, colegios de profesionistas, y organismos especializados para fortalecer la fundamentación jurídica de la acción de inconstitucionalidad; se informe públicamente la decisión institucional dada la relevancia del asunto y su impacto en los derechos fundamentales; y se establezca coordinación con otras comisiones de derechos humanos, organizaciones, y expertos nacionales e internacionales para generar precedentes protectores.
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