Opinión
La cifra que marca el cierre del 2025
El cierre del 2025 confirma una tendencia que ya no es marginal: los divorcios en México alcanzaron niveles históricos. Según datos del INEGI, en la última década la tasa nacional creció más de 60%, mientras que en San Luis Potosí el incremento supera el 70%. Lo que antes se consideraba una excepción hoy es parte del paisaje social cotidiano. Investigaciones del Colmex, la UNAM y la CEPAL coinciden en que esta tendencia responde a cambios culturales profundos: nuevas expectativas personales, mayor autonomía económica, transformaciones tecnológicas y modelos familiares más flexibles.
El costo social que no debemos minimizar
Pero detrás de este cambio hay un costo social evidente. La familia —tradicionalmente el núcleo de estabilidad— enfrenta una fragilidad creciente. Estudios internacionales muestran que los países que carecen de políticas de acompañamiento familiar presentan mayores niveles de deserción escolar, ansiedad infantil, hogares empobrecidos y violencia intrafamiliar. En San Luis Potosí, un tercio de los hogares monoparentales vive en condiciones de vulnerabilidad económica, lo que confirma que el divorcio no solo es un trámite legal, sino una ruptura que impacta a la estructura social.
El dato jurídico: libertad reconocida, protección insuficiente
El artículo 4º de la Constitución garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo que incluye la decisión de divorciarse sin acreditar causales. Esta reforma al divorcio incausado fue un avance en libertades individuales. Sin embargo, el Estado no ha desarrollado políticas de apoyo que acompañen esa libertad: ni justicia familiar eficiente, ni servicios accesibles de mediación, ni redes institucionales que atenúen los efectos sociales de la separación.
Lo que piensan y exigen las nuevas generaciones
Las nuevas generaciones buscan relaciones más auténticas, menos condicionadas por mandatos tradicionales y más centradas en la salud emocional. Pero ese deseo de libertad también exige responsabilidad. La cohesión social se construye desde decisiones personales más maduras y desde instituciones que acompañen los cambios.
Hacia dónde ir: soluciones posibles y un nuevo impulso institucional
Para enfrentar este fenómeno no basta con lamentar las estadísticas. Se necesitan políticas familiares modernas: mediación obligatoria y profesionalizada, tribunales familiares más ágiles, fortalecimiento de la pensión alimenticia, apoyo psicológico accesible y programas comunitarios de fortalecimiento familiar. Diversos actores políticos —desde legisladores hasta especialistas en políticas públicas— han propuesto la creación de institutos estatales de fortalecimiento familiar, organismos que impulsen relaciones sanas y prevengan conflictos antes de que lleguen a los tribunales. Una sociedad que protege a las familias, en cualquier modalidad que adopten, siempre gana en estabilidad, convivencia y futuro.
Para observar en la semana
La posible intervención de Estados Unidos en la crisis venezolana vuelve a despertar alertas internacionales. Venezuela, profundamente afectada por casi dos décadas de populismo, podría enfrentar un cambio de régimen que transforme el rumbo de la región. Su desenlace marcará debates sobre democracia, contrapesos y gobernabilidad en toda América Latina.
