En los últimos seis años, San Luis Potosí ha visto crecer un fenómeno silencioso pero devastador: los delitos de despojo y fraude. Detrás de cada denuncia hay una historia de patrimonio arrebatado, trámites manipulados, contratos falsos y familias que enfrentan largos procesos legales para recuperar lo que es suyo. Mientras las carpetas de investigación se acumulan en la Fiscalía y los casos avanzan lentamente, redes de estafadores, invasores y usurpadores perfeccionan sus métodos en colonias urbanas, fraccionamientos y zonas rurales por igual.
En losx últimos diez años, los delitos de fraude y despojo han tenido un aumento considerable que ha encendido las alarmas. Para 2015, el delito de fraude se cometía en primedio 98 casos mensuales, sin embargo para 2024, el delito se incrementó considerablemente pasando a 269 denuncias en promedio al mes, 3 mil 320 denuncias este año. En 2025, la cifra, aunque ha disminuido, continua siendo alarmante, regidtrando un total de 2174 hasta octubre de 2025. Otro delito que ha causado alarma es el de despojo, el cual paso de 275 en 2015 a 555 en 2024, un promedio mensual de 46 denuncias mensuales.En 2025, hasta octubre, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportaban 414, lo que significa alrededor de 34 denuncias en promedio mensualmente.
De enero a octubre 414 casos de despojo
En San Luis Potosí el despojo de propiedades es un delito que se ha presentado de manera recurrente afectando a un sinnúmero de ciudadanos potosinos. De acuerdo con datos de la incidencia delictiva del fuero común del SESNSP, a octubre de este 2025 se han registrado un total de 414 casos de despojos en la entidad.
De acuerdo a estas cifras, en enero de este año se registraron 33 casos; para febrero subió a 42; en marzo 49; la tendencia al alza continuó en abril con 53; en mayo bajó a 49; en junio volvió a subir a 51 casos; en julio disminuyó hasta 35; en agosto también bajó a 29; en septiembre volvió a subir a 37; y en octubre 36.
En 6 años, la realidad es que sigue siendo una constante este delito de despojo de 2020 se presentaron 635 casos después en 2021 subió a 657 para 2022 tuvo una disminución y se reportaron en el año 539 pero para 2023 volvió a subir a 627 y en 2024 se registraron 555 aunque la tendencia señala que los años han cerrado con más de 500 casos.
Notarios, supuestos abogados, falsos agentes inmobiliarios y hasta organizaciones que se dicen de perfil político y comercial han llegado a confabularse para gestar este tipo de abusos en los que se configuran múltiples ilícitos que se vuelven difíciles de perseguir, ya sea por desconocimiento, falta de voluntad o porque representan un alto costo político para las autoridades.
Fraudes continúa en SLP
En cuanto a las denuncias por fraudes, si bien hay datos que demuestran una disminución en San Luis Potosí, de 2020 a la fecha, los casos no han sido menos de 2 mil al año. Se registraron un promedio mensual de 199 casos en 2020, por 181 en 2025; la realidad es que por año se registran desde 2 mil y hasta 2 mil 700 casos por año, lo que dejs en claro que la problemática sigue siendo importante en la entidad.
2024 ha sido el año que ha registrado el mayor número de denuncias, con 3230, en promedio 269 al mes; le siguió 2023 donde se registraron 2 mil 743 casos; 2022 registró en promedio mensualmente 228, para terminar el año con 2658 denuncias y en 2021 con 2397 casos.
En lo que corresponde a 2025, el mes de enero es donde se registraron más casos de fraudes con 260 casos, seguido del mes de junio con 248, después el mes de abril con 246, y los meses de marzo y junio con 255 y 225 casos respectivamente. hasta el último reporte se tienen 2174 denuncias en octubre de 2025.
Fraudes de los delitos más denunciados en SLP
A pesar de las cifras, el fraude, es uno de los delitos patrimoniales más frecuentes en la entidad, acumula un total de 2 mil 174 carpetas de investigación entre enero y octubre de este año. Este delito engloba una variedad de conductas que van desde estafas digitales, fraudes bancarios, ventas simuladas, suplantación de identidad, hasta falsificación de documentos para obtener beneficios económicos. En todos los casos, el elemento común es el engaño como medio para afectar el patrimonio de personas físicas o morales.
Ante este panorama, la Fiscalía General del Estado ha intensificado sus campañas de prevención, enfocándose en educación digital, verificación de plataformas y canales de denuncia rápida. También se han establecido convenios con instituciones bancarias para agilizar la atención a víctimas de fraude financiero.
Cabe destacar que la impunidad prevalece en la mayoría de los casos, expertos señalan la necesidad de fortalecer las capacidades de la Fiscalía General del Estado para procesar y sancionar a los responsables, pues aunque estos delitos han disminuido, la disminución es ligera y estos delitos continúan con una tendencia regular año con año en San Luis Potosí.
¿Cómo se castiga?
De acuerdo con el Código Penal del Estado, el delito de despojo está tipificado con penas que varían según la forma en que se comete y el grado de participación de los responsables.
En su modalidad básica —cuando una persona ocupa un inmueble ajeno o un derecho real mediante violencia, engaño, amenazas o de manera furtiva— la ley establece sanciones de uno a cinco años de prisión, además de una multa que va de 100 a 500 días de Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esta misma pena aplica en los casos de despojo de aguas.
Cuando el delito se comete por un grupo de más de cinco personas, las penas pueden incrementarse, pues el Código Penal contempla agravantes que permiten aumentar tanto la prisión como la multa.
Asimismo, la legislación sanciona con mayor severidad a quienes actúan como autores intelectuales, instigadores o promotores de invasiones u ocupaciones ilegales. En estos casos, la pena prevista va de dos a nueve años de prisión, acompañada de multas que oscilan entre 200 y 900 UMAs, dependiendo del nivel de participación y la gravedad de los hechos.
En el caso de fraude, está tipificado como un delito patrimonial que se configura cuando una persona obtiene un beneficio económico mediante engaños, aprovechándose del error de otro o incumpliendo un acuerdo después de haber recibido un pago o anticipo. La ley también considera fraude cuando alguien ofrece gestionar trámites o servicios, cobra por adelantado y luego no realiza lo prometido.
Las penas varían según el monto defraudado. En su escala mínima, cuando el valor no excede 90 veces el salario mínimo, la sanción va de seis meses a dos años de prisión, además de una multa económica. A medida que aumenta el monto, también lo hace la severidad de la pena: si supera 150 veces el salario mínimo, la prisión puede ir de cuatro a seis años, y cuando el fraude rebasa 500 veces el salario mínimo, la condena puede alcanzar de seis a diez años. En los casos de mayor gravedad, cuando el daño supera 1,500 veces el salario mínimo, la pena asciende hasta doce años de cárcel, acompañada de multas más elevadas.
Este delito se persigue por querella, lo que significa que sólo avanza legalmente si la víctima presenta una denuncia formal. El Código Penal permite reducir la sanción si el responsable repara el daño antes del juicio y no tiene antecedentes penales por delitos patrimoniales, aunque esta posibilidad desaparece cuando el fraude implica montos especialmente altos.
Estas disposiciones reflejan el marco legal vigente en San Luis Potosí para atender delitos que, en los últimos años, ha mostrado un crecimiento sostenido y un impacto cada vez más directo en el patrimonio de familias y empresas.
.gif)
