San Luis Potosí, SLP.- Ante la reiterada negativa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) a ser auditada por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), la Universidad tiene una observación por más de 600 millones de pesos en su cuenta pública 2024, por lo que el siguiente paso es fincar responsabilidad administrativa e individualizar la sanción por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) a funcionarios universitarios por opacidad, informó Rodrigo Joaquín Lecourtois López títular del IFSE.
Destacó que la UASLP interpuso una controversia constitucional en la cual, después de una segunda impugnación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la UASLP “es un ente público no autónomo, sino desconcentrado de Gobierno del Estado, y eso da muy buenas expectativas de manera conjunta con la Ley de Fiscalización del Estado, y con la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. Esto nos da la pauta para que se fiscalicen los recursos propios auto generados por la Universidad, ya que estos recursos son y se consideran, de acuerdo a la resolución de la Corte, públicos”.
Lecourtois López aseguró que no será la UASLP quien tendrá que pagar el monto de las observaciones, sino “aquellos funcionarios que, irresponsablemente se han negado someterse a esta revisión, y que el día de mañana con sus propios recursos tendrán que hacer frente a los resultados una vez que pasen todas las etapas respectivas”.
En ese sentido, dijo que el procedimiento de fiscalización pasa a una etapa de sustanciación de investigación y posteriormente se turna al TEJA para que determine una sanción ya personalizada sobre los funcionarios que hayan incumplido, para determinar si hay algunas causas imputables.
Para concluir apuntó que en las cuentas públicas 2022 y 2023 también se han negado a la fiscalización, en esos dos casos ya se está en una etapa de sustanciación, ya se está llamando de forma individual a cada funcionario universitario para que haga uso se garantía de audiencia, declare ante las autoridades lo que su derecho corresponda y se integre el expediente y se mande al TEJA para el procedimiento de responsabilidad administrativa.
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