Sin recursos federales adicionales, la gratuidad puede derivar en recortes profundos a la planta académica
.jpg)
San Luis Potosí, SLP.- En los pasillos de la UASLP subyace una tensión creciente: por un lado, la exigencia de aplicar la gratuidad universitaria decretada por la Ley General de Educación Superior; por otro, la cruda realidad financiera de las casas de estudio públicas que, sin recursos federales adicionales, advierten que la gratuidad puede derivar en recortes profundos a la planta académica.
El rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, ha señalado que la gratuidad universal sólo puede concretarse si la federación asigna —como exige la ley— un presupuesto especial equivalente a unos 14 mil millones de pesos al año. Sin ese respaldo, advierte, la universidad tendría que cancelar cursos, dejar de pagar a maestros por hora/clase, suspender labores de laboratorio y frenar la expansión de infraestructura.
Este argumento pone sobre la mesa una preocupación institucional, -la imposibilidad de mantener la calidad educativa en ausencia de ingresos adicionales si se elimina el cobro de cuotas.
La otra cara de la moneda
Contrasta esta situación con los datos públicos sobre ingresos en la élite universitaria. Hasta hace poco, los registros oficiales mostraban que Zermeño Guerra percibía un sueldo bruto mensual de 153 mil 116 pesos y un neto de 93 mil 17 pesos. En otras fechas se le reportaron montos similares —o incluso superiores—, lo que lo colocan entre los rectores con de los ingresos más altos del estado.}
Más aún, la expansión de la nómina durante su gestión ha sido cuestionada. Según informes de la organización Ciudadanos Observando, la plantilla universitaria creció con 435 nuevas plazas, lo que incrementó los egresos mensuales por nómina en alrededor de 3.4 millones de pesos.
Por su parte, muchos de los docentes que imparten clases por hora reciben sueldos bajos; reportes recientes informan que los maestros de hora-clase podrían llegar a percibir entre 128 y 161 pesos por hora, lo que en algunos casos representa un ingreso insuficiente incluso para los traslados hacia las instalaciones universitarias.
La paradoja es evidente, mientras se discute una educación superior gratuita para todos, la estructura de ingresos internos revela fuertes desigualdades. Los altos salarios en la dirección contrastan con la precariedad de muchos profesores; el incremento del personal administrativo y de confianza tensiona el presupuesto, y la demanda de gratuidad sin respaldo presupuestario choca con la realidad de gastos operativos crecientes.
Este desequilibrio arroja una pregunta incómoda, ¿quién está realmente sosteniendo la educación pública en México? ¿Los estudiantes y sus cuotas, los maestros mal pagados, o una casta directiva privilegiada con sueldos elevados?
Si la federación no asigna los recursos necesarios para garantizar la gratuidad, muchas universidades —no sólo la UASLP— podrían enfrentar recortes en clases, laboratorios y contratación docente.
Pero al mismo tiempo, sin revisar los esquemas de compensaciones para la dirección y la administración, se corre el riesgo de consolidar una estructura de privilegios mientras se degrada la calidad educativa.
De aprobarse la gratuidad sin un presupuesto y sin una redistribución interna de recursos, la promesa podría quedar en letra muerta, “gratis” para el estudiante, pero con una universidad debilitada.
La discusión sobre el cobro de cuotas en la UASLP va más allá de una medida recaudatoria: revela tensiones profundas en la arquitectura financiera de la educación superior pública en México. La demanda legítima por gratuidad se topa con estructuras de privilegio y desigualdad al interior de las universidades, lo que expone la urgencia de una revisión de fondo, ¿una universidad pública para todos o una universidad de privilegios?
.gif)
