Aprueban protocolos para denuncias contra maestros

San Luis Potosí, SLP.- La Comisión Primera de Justicia aprobó reformas a la Ley de Educación y a la Ley de la Administración Pública del Estado, en relación a la implementación de protocolos para la atención de denuncias contra personal docente.

La diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de esta comisión legislativa, señaló que el dictamen contempla la reforma a la fracción III del artículo 86, y adiciona el artículo 88 BIS, de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, para establecer que las autoridades educativas estatales y municipales deberán actuar con apego a los derechos humanos y la dignidad del personal docente que hayan sido denunciados por presuntos actos de violencia, acoso u hostigamiento en contra de docentes.

Asimismo, deberán llevar a cabo los protocolos pertinentes que garanticen procedimientos imparciales para esclarecer los hechos, preservando preferentemente los derechos fundamentales de la víctima, así como en relación con la persona denunciada la presunción de inocencia, el respeto al debido proceso administrativo y medidas de protección laboral frente a actos de violencia, hostigamiento o señalamientos públicos no acreditados.

Indica que, en caso de que en el procedimiento instaurado en contra de personal docente no se compruebe su responsabilidad, se procederá a realizar las medidas correspondientes, con la finalidad de reestablecer los derechos laborales al trabajador de la educación.

También considera la adición de una fracción, esta como XXXIII, por lo que la actual fracción XXXIII se recorre en su orden y contenido para quedar como fracción XXXIV, del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estado de San Luis Potosí, para integrar, dentro de las atribuciones de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, el diseñar, implementar y supervisar, en coordinación con su órgano interno de control, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y la Fiscalía General del Estado, los protocolos para la atención de denuncias contra personal docente, garantizando la presunción de inocencia, el respeto al debido proceso administrativo y medidas de protección laboral, así como la verificación objetiva de hechos, la protección de datos personales y las medidas de reparación integral en casos de sentencia ejecutoriada o auto de sobreseimiento del delito imputado.

La legisladora Leticia Vázquez explicó que, si bien la iniciativa consideraba reformar el Código Penal del Estado, no se consideró procedente, ya que se estaría trasladando la finalidad del tipo penal hacia la protección educativa, lo cual es plenamente ajeno al bien originalmente tutelado, que es la administración de justicia.

“En lo que se refiere a la Ley de Educación y la Ley de la Administración Pública del Estado, se incorporan protocolos para que, cuando se juzgue a un maestro, se cumplan ciertos requisitos para que no sea incriminados por una acusación falsa, que se lleve a cabo administrativamente una investigación minuciosa, siempre privilegiando los derechos de las maestras y maestros”. El dictamen respectivo se turnará al pleno para su votación.