La renuncia de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República, anunciada el 27 de noviembre de 2025, cierra una gestión marcada por la opacidad y el abuso de poder dentro del sistema de justicia mexicano. Llegó al cargo en 2019, durante el gobierno de López Obrador, con la promesa de garantizar autonomía, pero terminó dejando más de 50 mil carpetas sin resolver y una impunidad que superó el 90 por ciento en delitos graves, de acuerdo con cifras del INEGI. Fue señalado de politizar la FGR y usarla para sus propios intereses, lo que debilitó aún más la confianza pública en las instituciones.
El caso que más dañó su credibilidad fue el presunto uso de la Fiscalía para resolver conflictos familiares. Su excuñada Laura Morán y su sobrina Alejandra Cuevas fueron perseguidas penalmente por la muerte de su hermano en 2015. Cuevas pasó 528 días en prisión preventiva por un delito inexistente, hasta que la Suprema Corte anuló el proceso en 2022 por falta de pruebas. La filtración de audios donde Gertz discutía con ministros de la Corte evidenció que buscaba influir en sus decisiones. Este episodio no solo mostró un conflicto de interés directo, sino que también reactivó acusaciones de plagio en su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores y cuestionamientos sobre propiedades de lujo en España con posibles irregularidades fiscales. En conjunto, lo retrataron como un funcionario que puso sus intereses personales por encima de sus responsabilidades.
En los casos de mayor relevancia nacional, la constante fue la inacción. El expediente Odebrecht quedó atorado pese a las confesiones de sobornos. Ayotzinapa, Pegasus y la Estafa Maestra avanzaron poco y estuvieron rodeados de denuncias de tortura.
Gertz también exoneró con rapidez al general Salvador Cienfuegos, lo que generó tensiones con Estados Unidos, y no logró resultados contra el CJNG en Teuchitlán. A esto se sumó su propuesta de eliminar el tipo penal de feminicidio, postura que salió a la luz con el caso de Debanhi Escobar y que representó un retroceso en materia de derechos humanos.
En conjunto, la etapa de Gertz al frente de la Fiscalía terminó siendo un fracaso para la reforma judicial. Predominaron el autoritarismo, la discrecionalidad y la selectividad en la aplicación de la ley. Su salida durante el gobierno de Claudia Sheinbaum y por las formas, ha quedado claro que su salida, obedece a que la primer mandataria colocará a una persona incondicional y seguirá pendiente el reto de contar con un fiscal verdaderamente independiente.