Aseguró que 15 por ciento de los establecimientos que sufrió este delito dejó de invertir en su expansión
La extorsión es el el delito que afecta en mayor medida a los negocios más pequeños en el País, ya que inhibe su inversión, su crecimiento e innovación, advirtió México Cómo Vamos?
Al presentar el Índice de Progreso Social (IPS) 2025, Sofía Ramírez, directora del observatorio, destacó que la extorsión creció 8 por ciento anual entre enero y julio de este año.
Aseguró que 15 por ciento de los establecimientos que sufrió este delito dejó de invertir en su expansión.
"La extorsión es el delito que más afecta a los micro y pequeños negocios y, aunque es el de menor costo promedio (9 mil pesos por evento), tiene una tasa de impunidad de 97 por ciento", señaló Ramírez.
Reflexionó que la debilidad del Estado afecta directamente la calidad de vida, la actividad económica y la productividad.
"Violencia afecta a personas, y extorsión frena negocios de menor tamaño al limitar su capacidad de invertir, crecer e innovar. Si negocios no pueden crecer, no hay progreso social", afirmó en conferencia.
El Índice expuesto analiza 10 años de información (2015-2024) para todas las entidades federativas y revela cómo ha evolucionado el bienestar social en México y los retos más urgentes para las familias.
Una de las conclusiones a las que llegó es que el País avanza, pero no en las dimensiones que más importan, como son la salud, seguridad, educación y el empleo formal.
"El crecimiento económico no es suficiente si no viene acompañado de servicios públicos sólidos. El bienestar de las personas depende del acceso real a salud, educación, seguridad y empleos formales", afirmó Ramírez.
Mientras que, en la calidad del empleo, la alta informalidad laboral es una falla estructural del mercado laboral mexicano que merma la calidad de vida, según el observatorio.
"Tener un empleo informal implica una doble desigualdad: por un lado, en términos salariales, el ingreso laboral promedio en un empleo informal es prácticamente la mitad del ingreso laboral promedio en un empleo formal.
"Por otro lado, implica la falta de acceso a la seguridad social y, por lo tanto, a las instituciones públicas de salud como el IMSS o ISSSTE, así como a las aportaciones correspondientes a retiro y vivienda", determinó.
El reporte advierte que 55 por ciento de la población ocupada en el País tiene un empleo informal.
Este se concentra en los micronegocios y en el sureste, pero está presente en todos los sectores económicos y en todas las entidades.
"La informalidad sigue siendo un obstáculo estructural que limita ingresos, derechos y bienestar. Menores ingresos laborales y, por tanto, menor capacidad para cubrir con gasto de bolsillo servicios básicos.
"Menor margen para ahorrar, invertir o mudarse a entornos más seguros y con mejores servicios, aumenta la vulnerabilidad y se frenan las oportunidades de movilidad social", advirtió Ramírez.
