San Luis Potosí, SLP.- San Luis Potosí enfrenta un ajuste financiero sin precedentes en materia de salud pública, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), clave para cubrir nóminas estatales, sufrió una reducción de hasta 53%, un golpe que altera la operación del sector en la entidad.
Aunque el Gobierno Federal sostiene que los recursos no desaparecen, sino que se concentran en una bolsa administrada desde la Federación, la medida abre un periodo de incertidumbre sobre la estabilidad laboral del personal que aún depende de la Secretaría de Salud estatal y de aquellos que continúan en transición hacia el IMSS-Bienestar.
De acuerdo con la titular de los Servicios de Salud en SLP, Leticia Gómez Ordaz, el recorte no es exclusivo del estado, todas las entidades que firmaron el convenio con la Federación enfrentan el mismo escenario. Sin embargo, la funcionaria reconoce que aún desconocen cómo operará el nuevo esquema presupuestal diseñado por el Gobierno Federal.
Los estados no tienen certeza de cuándo ni cómo se liberarán los fondos.
No se conocen aún los criterios de operación del nuevo modelo.
En otras palabras, la transición al IMSS-Bienestar se mueve entre la promesa de una mejor coordinación nacional y una creciente dependencia financiera que margina la capacidad de respuesta local.
Uno de los puntos más sensibles del recorte es la situación del personal que, si bien ya fue incorporado o comisionado al IMSS-Bienestar, sigue apareciendo dentro del universo presupuestado por el FASSA.
Gómez Ordaz admite que no existe aún un detalle preciso de dónde quedó registrado ese presupuesto dentro del nuevo esquema federal, aunque anticipa que podría estar etiquetado dentro de la bolsa que ahora administra la Federación.
Miles de trabajadores siguen laborando en centros de salud y hospitales.
Su nómina depende de un fondo recortado y centralizado.
El estado no tiene control directo sobre esos recursos.
La funcionaria confía en que la Federación garantice los salarios. Sin embargo, la falta de información técnica oportuna sugiere que el proceso podría prolongarse más de lo previsto.
Otro punto crítico es que, aunque los hospitales e inmuebles ya operan bajo la administración del IMSS-Bienestar, el personal aún se encuentra a mitad del proceso.
Para los trabajadores comisionados, el paso definitivo hacia el nuevo organismo dependerá de mesas de trabajo con la Federación y con los sindicatos, un proceso que puede tornarse complejo por la negociación de plazas, derechos laborales y antigüedad.
El ajuste al FASSA no solo es un tema presupuestal; es un mensaje sobre el nuevo esquema de gobernanza del sistema de salud. San Luis Potosí —como el resto de los estados adheridos al modelo— deberá operar prácticamente sin margen financiero propio en esta área.
Esto deja preguntas abiertas:
¿Podrá la Federación responder con la rapidez que exige la operación hospitalaria diaria?
¿Habrá retrasos en pagos, contrataciones o sustituciones de personal?
¿Qué consecuencias tendrá para los servicios en zonas rurales o municipios con menor infraestructura?
El recorte del 53% al FASSA representa más que un ajuste contable, es el primer aviso de un modelo de salud profundamente centralizado, cuya eficacia dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno Federal para administrar, sin retrasos ni vacíos, el recurso humano y operativo que sostiene la atención médica cotidiana.
Por ahora, San Luis Potosí espera definiciones. Y mientras no lleguen, el futuro laboral del personal de salud y la estabilidad del sistema permanecen en una zona gris.
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