San Luis Potosí, SLP.- El reciente accidente que cobró la vida de un trabajador en la Zona Industrial volvió a encender las alarmas sobre un problema que desde hace años opera a plena luz del día, el uso de transporte irregular para movilizar personal. Esta vez, la presión social obligó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal a mover fichas y anunciar una ofensiva para frenar estas prácticas.
La titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, confirmó que ya se elabora un convenio con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), con el que se buscará que las empresas instaladas en el corredor productivo se comprometan formalmente a contratar solo unidades con permisos vigentes. El objetivo, explicó, la titular es cerrar el paso a los operadores que ofrecen servicios sin cumplir la ley y que ponen en riesgo a miles de empleados que dependen de estos traslados diarios.
El 21 de noviembre, funcionarios de la SCT sostuvieron una reunión con responsables de recursos humanos y representantes de distintos corporativos. Ahí, se les expuso sin rodeos el riesgo legal y operativo al que se someten al recurrir a unidades sin registro, desde responsabilidades en caso de accidentes hasta sanciones administrativas.
La SCT insistió en que parte del problema se origina porque algunas compañías priorizan costos bajos sin verificar la situación legal del prestador.
Otro punto que quedó al descubierto es el tamaño del rezago en los procesos de regularización. La dependencia tiene alrededor de 200 solicitudes atoradas, muchas de ellas debido a que los vehículos superan la década de vida útil permitida.
Martínez Acosta señaló que este dato por sí solo revela la precariedad del transporte que se ofrece al margen de la regulación, unidades deterioradas, choferes con condiciones laborales frágiles y tarifas sospechosamente económicas que solo se sostienen sacrificando seguridad.
El convenio con la UUZI pretende establecer rutas claras para que las empresas reporten servicios irregulares y dejen de contratar a quienes no cumplen la normativa. La expectativa es que, con la presión desde el sector privado, estos transportistas se vean forzados a modernizar sus unidades o abandonar la operación.
Mientras tanto, el accidente reciente permanece como recordatorio del costo humano de la omisión y la falta de control, una tragedia que, según la SCT, podría repetirse si no se frena la tolerancia hacia el transporte pirata dentro del mayor corredor industrial del estado.
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