La Cámara de Diputados discute esta tarde la minuta del Senado en materia de extorsión, que eleva hasta 42 años de prisión la sanción por este delito.
Luego de que el miércoles pasado, el Senado avaló con cambios la reforma que la Cámara de Diputados aprobó el 28 de octubre pasado, el tema regresa al Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde la mayoría se allanará a las modificaciones avaladas por la colegisladora.
Los cambios no sólo incrementan las penas por los delitos de extorsión, sino que revierten la reserva presentada de último momento por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, para reducir la pena para la autoridades que no denuncien el delito de extorsión.
La reserva modificó de un rango de entre 10 y 20 años de cárcel a entre cinco y doce años la pena a los "funcionarios cómplices", pero entre los cambios avalados por el Senado, el proyecto regresó a su redacción original.
La iniciativa plantea que la investigación de los delitos de extorsión, las fiscalías contarán con unidades, ministerios públicos y analistas capacitados, y mientras éstas son creadas, deberán utilizar las unidades especializadas contra secuestro.
La Cámara alta también incrementó las penas de prisión para el delito de extorsión y para sus 34 agravantes divididas en tres categorías.
Para el delito de extorsión establece una pena de entre 15 y 25 años y una multa de 300 a 500 veces el valor diario de la UMA y de 19 a 33 años cuando este ilícito se cometa contra comerciantes, empresarios, industriales, agricultores, ganaderos, pesqueros o quien preste servicios públicos y privados, así como cuando un sindicato, agrupación o asociación coaccione a una persona para que adquiera de otra insumos o servicios o cuando se comete en contra de un candidato o una persona electa.
Cuando se cometa contra personas migrantes, menores de 18 años, mujeres embarazadas, mayores de 60 años de edad, el sujeto activo tenga una relación de confianza, laboral, parentesco o negocios, se use información privada de la víctima o de sus familiares o medios de transmisión de imágenes, voz y datos, la pena aumentará de 20 a 37 años.
La propuesta indica que la pena pasaría de 22 a 42 años de prisión cuando se emplee violencia física, en casos de montachoques, cuando intervenga una o más personas armadas y se tenga por objeto anular o impedir el derecho a la libertad de expresión o cuando se cometa por servidores públicos de cualquier nivel de Gobierno o por miembros de empresa de seguridad privada.
Además, señala que para quien sin autorización introduzca o intente introducir a un centro penitenciario o de internamiento de menores, algún dispositivo electrónico o sus componentes que permita la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes, se le impondrá una pena de seis a 12 años de prisión y multa de ciento veinte a doscientos cuarenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
En tanto que al servidor público o autoridad penitenciaria que facilite los medios o permita las condiciones para la comisión de los delitos de extorsión, la pena será de tres a cinco años de cárcel.
Los cambios avalados por el Senado modifican también el artículo 26, para establecer que la reparación del daño tendrá un carácter de pena pública, por lo que se impondrá todo imputado cuando se dicte sentencia condenatoria.
"Los recursos económicos obtenidos de los procedimientos de abandono, decomiso o extinción de dominio derivados de delitos de extorsión previstos en esta Ley, serán preferentemente aplicados para la restitución de los derechos de las víctimas de dicho ilícito", señala.
