Las entidades con mayores complicaciones son Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México
El Proyecto de Vivienda para el Bienestar enfrentará dificultades para desarrollarse en por lo menos 10 entidades del País, entre ellas Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León, debido a la burocracia en los trámites, los costos del suelo y otros obstáculos.
Carlos Ramírez Capó, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), afirmó que existen localidades donde la carga burocrática y la falta de infraestructura complicarán el cumplimiento de la meta de construcción de vivienda social.
"Hay 10 estados donde está costando mucho trabajo, donde tenemos que hacer un segundo análisis de qué se tiene que hacer para que en esos estados se pueda construir vivienda", comentó en entrevista.
Las entidades con mayores complicaciones son Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México y la frontera norte del País.
"Son estados donde este programa (Vivienda para el Bienestar), que contempla un precio universal de 600 mil pesos, no ha encajado del todo. Por ello es necesario analizar qué se requiere para que pueda aplicarse en todas las entidades", destacó.
A nivel federal, expuso que hay grandes retos relacionados con la disponibilidad de energía eléctrica y permisos de uso de suelo, pues las condiciones varían significativamente en distintas regiones del País.
"Tenemos que avanzar en las gestiones ambientales, contar con energía eléctrica y garantizar que la Comisión Federal de Electricidad tenga capacidad para suministrar las cargas de las millones de casas que se pretenden construir", dijo Ramírez Capó.
Respecto al agua, recordó que varios estados enfrentan estrés hídrico durante meses del año, como Nuevo León, lo que afecta tanto a empresas como a la población.
"Es necesario que la Comisión Nacional del Agua tenga los volúmenes suficientes para uso público urbano para los habitantes que la van a requerir, no nosotros como desarrolladores de vivienda", añadió el directivo.
A nivel estatal, Ramírez Capó señaló que los trámites relacionados con Protección Civil y los dictámenes de factibilidad de uso de suelo son algunos de los que presentan mayores retrasos. A nivel municipal, dijo, los principales obstáculos son los costos del suelo, las densidades permitidas y las licencias de construcción.
Aunque la disponibilidad de agua es una facultad federal, en muchos casos es el municipio quien debe avalar las factibilidades para prestar los servicios, explicó.
En este contexto, Sergio Leal Aguirre, presidente del Consejo de Administración de Vinte, señaló que la burocracia y los retrasos en la entrega de documentos se presentan no solo en las entidades mencionadas, sino en el resto del País.
Sin embargo, dijo que la empresa ya está adaptada para evitar que estos retrasos frenen sus proyectos.
Descartan frenos por inseguridad
En cuánto temas de seguridad se refiere, Ramírez Capó reconoció que todo el País enfrenta problemas de seguridad, aunque la situación varía según la entidad. Sin embargo, aseguró que, hasta ahora, no se tienen registros de que la inseguridad haya frenado proyectos de construcción de vivienda.
"Los empresarios mexicanos están muy comprometidos con el País, las inversiones se siguen dando. Los estados que logran mejores indicadores en seguridad y tienen mayores garantías para la inversión son los que más inversiones se atraen", afirmó el presidente de Canadevi nacional.
El Proyecto de Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno Federal, contempla la entrega de más de 1.8 millones de viviendas de interés social, con un precio de 650 mil pesos, dirigidas a derechohabientes de Infonavit, Fovissste y a quienes busquen vivienda mediante organismos como la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
