San Luis Potosí, SLP.- Mientras a nivel nacional avanzan las negociaciones para fijar el salario mínimo de 2026 y continúa el debate para reducir la jornada laboral a 40 horas, en San Luis Potosí el impacto de ambas medidas comienza a generar preocupación tanto en el sector empresarial como en miles de trabajadores que dependen de decisiones federales para mejorar —o mantener— sus condiciones de vida.
Aunque las propuestas federales plantean que el aumento de 2026 oscile entre 11% y 20%, en San Luis Potosí este ajuste tiene lecturas distintas. El costo de vida en la capital potosina ha escalado notablemente por encima del promedio nacional, impulsado por el dinamismo industrial, el encarecimiento de la vivienda y el alza sostenida en servicios básicos.
Eso significa que, aun si el salario se ubicara en los 312 o incluso los 334 pesos diarios —los escenarios más probables—, seguirá sin alcanzar el estándar mínimo que requieren muchas familias potosinas para cubrir alimentación, transporte y renta, especialmente en zonas metropolitanas como Villa de Pozos y Soledad.
Sin embargo, para los trabajadores del sector manufacturero y servicios, que representan una parte sustancial de la fuerza laboral en la Zona Industrial, el incremento sí daría un respiro en un contexto de inflación acumulada.
El problema es otro, el empresariado local advierte que un aumento agresivo puede elevar costos y terminar trasladándose a precios, en una ciudad donde prácticamente cualquier ajuste se refleja de inmediato en alimentos, transporte urbano y renta de vivienda.
A la par de la negociación salarial, el posible recorte de la jornada laboral ha encendido alertas especialmente en el sector industrial potosino, donde operan plantas automotrices, metalmecánicas y logísticas que funcionan en esquemas de alta rotación y tiempos estrictos.
Aunque a nivel nacional algunas empresas como Walmart o Tiendas 3B ya exploran la reducción de horas, en San Luis Potosí la mayoría de las compañías mantienen una postura de resistencia, alegando que la medida afectaría productividad, incrementaría costos de contratación y obligaría a reestructurar turnos completos.
En particular, organismos empresariales consultados en el estado han insistido en que combinar un recorte de jornada con un aumento salarial acelerado golpearía de manera desproporcionada a pequeñas y medianas empresas locales, que ya operan en márgenes reducidos.
Varios talleres, comercios y proveedores de la Zona Industrial anticipan que, de aprobarse la jornada de 40 horas sin incentivos ni gradualidad, se detendrían nuevas contrataciones y crecería el riesgo de informalidad laboral, contratar a más personal simplemente para cubrir horas es inviable para negocios que ya enfrentan tarifas energéticas altas y rentas crecientes.
Los ajustes laborales podrían traer mejoras reales, pero en SLP dependen de factores locales que no siempre son considerados desde el ámbito federal.
Beneficios potenciales:
Mejoría del poder adquisitivo real para trabajadores con salarios estancados.
Reducción de agotamiento laboral, especialmente en líneas de producción.
Mayor retención de personal en un estado donde la rotación industrial supera promedios nacionales.
Escalada de precios en bienes básicos y servicios
urbanos.
Pymes potosinas presionadas a despedir personal o frenar expansiones.
Aumento de contrataciones informales para evitar el cumplimiento de la jornada reducida.
Posible desaceleración del crecimiento económico que ha caracterizado a SLP desde la llegada de nuevas inversiones.
Mientras el gobierno federal acelera la transformación del modelo laboral del país, en el estado se requiere una planeación diferenciada que reconozca las particularidades de su estructura económica, una industria potente pero dependiente de márgenes estrechos, un comercio frágil y una población trabajadora que aún batalla por cubrir necesidades básicas a pesar de los aumentos recientes.
La discusión no es si los cambios son necesarios —lo son—, sino cómo implementarlos sin provocar un efecto dominó que termine afectando al mismo trabajador que se busca proteger.
Lo que se decida en diciembre sobre el salario mínimo y lo que el Congreso concluya sobre las 40 horas marcará la estabilidad económica y social de San Luis Potosí en los próximos años. El reto es lograr que la modernización laboral no termine asfixiando el desarrollo regional.
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